ONU denuncia restricciones graves contra los «Chalecos Amarillos»

Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organzación de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado al Gobierno francés que se replantee su política de mantenimiento del orden.

Según este organismo, las autoridades galas han restringido «de forma desproporcionada» el derecho a manifestarse durante las recientes protestas de los llamados «Chalecos Amarillos», reseñó Europa Press.

Los expertos del organismo multilateral advierten que desde noviembre hasta la fecha han recibido «denuncias graves de uso excesivo de la fuerza» y de que se habrían producido más de 1.700 heridos en las protestas de los «Chalecos Amarillos».

«Las restricciones impuestas a los derechos también han conllevado un número elevado de detenciones y arrestos (…) Garantizar el orden público y la seguridad cuando hay manifestaciones implica la necesidad de respetar y proteger a los manifestantes que acuden pacíficamente para expresarse», citó el portal Europa Press.

También reconocen que «algunas manifestaciones se han vuelto violentas», pero expresan sus sus dudas de que «la respuesta desproporcionada a estos excesos pueda disuadir a la población de seguir ejerciendo sus libertades fundamentales».

«Es muy inquietante constatar que después de semanas de manifestaciones, las restricciones y las tácticas de gestión de las concentraciones y del recurso a la fuerza no han mejorado», dijeron los especialistas.

Asimismo expresaron su preocupación en cuanto a la propuesta de ley del Gobierno de Emmanuel Macron que busca impedir la violencia durante las manifestaciones y sancionar a sus autores.

«Sostienen que algunas de sus disposiciones no serían conformes con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Francia es parte», dijo.

«La propuesta de prohibición administrativa de manifestarse, el establecimiento de medidas de control adicional y la imposición de duras sanciones constituyen graves restricciones a la libertad de manifestarse», defienden los expertos, quienes consideran que podrían aplicarse «de forma arbitraria y llevar a derivas extremadamente graves».

Ante este panorama, conminan al Gobierno francés a  replantearse sus políticas de mantenimiento del orden, así como abrir vías de diálogo con el fin de atenuar el nivel de tensión y reconocer el papel importante y legítimo que desempeñan los movimientos sociales en la gobernanza.

La declaración está firmada por el responsable del grupo de trabajo sobre detención arbitraria, Seong-Phil Hong; el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; y el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi Voule.

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