Paraguay: Denuncian «ejecuciones sistemáticas de campesinos» en lucha por tierra

De acuerdo a un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), al menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas fueron asesinados y desaparecidos entre 1989 y 2013 como parte de la represión sistemática a la lucha por la tierra. La denuncia destaca que persisten “patrones de violencia estatal e impunidad judicial”, en un contexto de avance de los agronegocios y bajo el argumento de “persecución al enemigo interno”.

“Existe un plan sistemático de ejecuciones de campesinos en lucha por el territorio”, señala el informe que presentará el organismo de DDHH en Paraguay. De acuerdo a la investigación, hay 115 casos de asesinatos y desapariciones de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas que pudieron ser registrados y documentados, en el periodo 1989 y 2013.

El informe “Chokokue” amplía la denuncia presentada en el 2007, que señaló “la existencia de un inaceptable patrón de violaciones de derechos humanos en contra de un sector social organizado, caracterizado por su gran capacidad de incidencia para la transformación de la injusta e inequitativa estructura de la tenencia de la tierra”.

Según Codehupy, la violencia estatal e impunidad judicial actúan en un contexto de avance de los agronegocios, presión sobre la agricultura familiar y de “sujeción del Estado a los poderes empresariales”, citó E´a.

“Estas organizaciones (campesinas) exigen el cumplimiento efectivo por parte del Estado de una reforma agraria integral que facilite la distribución de lotes agrícolas a la gran proporción de población rural que no accede por sus propios medios a ese recurso, necesario para la protección de sus derechos al trabajo, a la alimentación y a la vivienda adecuada, entre otros”, sostuvo Codehupy en el año 2010.

En noviembre del año pasado, un informe de una Misión Internacional de DDHH denunció que con el argumento de la “persecución al enemigo interno” – Ejército Popular Paraguayo- el Estado Nacional instauró un “estado de excepción” a través de cual profundizó la prácticas represivas.

“El Estado asocia las reivindicaciones por el acceso a la tierra y por un ambiente sano a una problemática de seguridad interna que legitima abusos de autoridad y la instalación de un estado de excepción permanente”, destacó el documento elaborado por organizaciones de DDHH de países de todo el continente.

En ese marco denunciaron ampliación territorial de los procedimientos represivos, creciente uso de la violencia física y simbólica y legitimación de la militarización contra las comunidades campesinas. Incluso enfatizaron “la presencia de grupos paramilitares constituidos para la defensa de los intereses del sector agroexportador (…) responsables de asesinatos de campesinos e indígenas que operarían criminalmente en connivencia con miembros de la fuerza pública”.

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