La Comisión de Constitución aprobó y despachó el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo vital de la mujer, alteración congénita o genética de carácter letal del feto y violación.
La Comisión respaldó también los cambios introducidos por parlamentarios de la Democracia Cristiana en el proyecto. Las modificaciones establecen un programa de acompañamiento para las mujeres por parte del Estado, antes, durante y después tanto si hay interrupción del embarazo como si no; y que cuando la mujer sea mayor de 18 años, y ésta no haya denunciado el delito de violación, los jefes del establecimiento de salud deberán poner en conocimiento del Ministerio Público dicho delito, con la finalidad de que se investigue de oficio al o los responsables del mismo.
Respecto a esto, el Colegio de Matronas advirtió que sus colegiadas prefieren ir a la cárcel antes de denunciar a las pacientes que se practiquen un aborto.
Además, el texto legal señala que para interrumpir el embarazo, en el caso de las menores, se debe contar con la autorización del representante legal o en su defecto con la autorización de un juez.
Junto con eso, la Comisión de Constitución ratificó la norma aprobada en la Comisión de Salud que permite al médico a abstenerse de realizar la interrupción de un embarazo cuando hubiese manifestado su objeción de consciencia al director del establecimiento, excepto cuando se trate de la primera causal y la mujer requiera una atención médica inmediata e impostergable.
Reacciones parlamentarias
La ministra del Sernam, Claudia Pascual, puntualizó que la iniciativa tiene un respaldo ciudadano importante y remarcó que éste “no va a imponer a ninguna mujer qué decisión tomar” en situaciones concretas, específicas e íntimas que viven.
“Es un tremendo avance para el país poder contar con las alternativas y con las prestaciones de salud, y poder contar con un sistema de acompañamiento que permita, efectivamente, independiente de la decisión que tome, poder acompañar a las mujeres hoy día en estas tres circunstancias”, agregó.
El presidente de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto (PS), “hoy es un día histórico porque el Estado se ha hecho cargo de una realidad se produce de manera subterránea o clandestina”. Y añadió: “Aquí a nadie se le va a imponer una situación o lo va a hacer un establecimiento hospitalario. La mujer es la que tiene la última palabra”.
Por su parte, el diputado Fuad Chahin (DC) recalcó el respaldo y que los cambios propuestos por la DC hacen de éste un proyecto muy distinto.
En contra de la aprobación de la iniciativa, la diputada Marisol Turres (UDI) dijo que este proyecto es engañoso y que permite el aborto libre, criticando la aprobación de la norma que establece el deber de confidencialidad a cualquier profesional de la salud que tome conocimiento de un aborto, “sin apellido, no un aborto por tres causales, un aborto cualquiera”.
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