Defensores de la sanidad pública española tachan al gobierno de homicida

La lucha en España por reducir el elevado precio de los medicamentos continúa. Los enfermos de hepatitis C y las organizaciones en defensa de la sanidad pública exigen al gobierno que interceda en las negociaciones con la farmacéutica ya que, al no hacerlo, se convierte en cómplice de la muerte de aquellos que no pueden costearse el fármaco.

Defensores de la sanidad pública española tachan al gobierno de homicida

Autor: Marta Ubeda

UNA NUTRIDA MARCHA PIDE AL GOBIERNO EN MADRID TRATAMIENTO PARA LA HEPATITIS C

La marea blanca es un conjunto de colectivos y movilizaciones que se organizan para defender en España la sanidad pública, en contra de los recortes y de los planes privatizadores que tanto el gobierno como las empresas intentan llevar a cabo. Esta organización social, junto a los enfermos de heptatis C, critican la actitud del gobierno frente al elevado precio de algunos medicamentos, como el Sovali, fármaco capaz de curar la hepatitis C que sufren casi un millón de españoles.

Carmen Flores, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente declara que «un gobierno que se precie de tener la mínima humanidad simplemente debe aplicar la ley para salvar la vida de los enfermos«, ya que, asegura Carmen, «quien no protege a los pacientes de la propia farmacéutica está cometiendo un atentado, porque es un atentado tener un fármaco y no darlo«.

Hace aproximadamente un mes, grupos de enfermos de hepatitis C se encerraron en diversos hospitales españoles exigiendo al gobierno que posibilite el acceso al carísimo medicamento para todos los enfermos. A raíz de los encierros y de otras actividades de protesta que han llevado a cabo los afectados, el sindicato de Hacienda pide a la Agencia Tributaria española que investigue la tributación que realiza Gilead Science SL, empresa que comercializa en españa el Sovaldi, fármaco milagroso capaz de curar la heptatitis C.

Según adelantó el diario InfoLibre, la compañía podría utilizar Irlanda para reducir su factura fiscal y reducir el beneficio obtenido en España para trasladarlo a la empresa irlandesa. Por ello, se ha ordenado iniciar una investigación para comprobar si las transacciones tributarias de Gilead Science SL son las legalmente establecidas, y verificar que el precio de venta al público del Sovaldi no se correponde a su costo de producción, y que, en realidad, la farmacéutica está inflando los precios de forma desproporcionada y sin justificación legal para obtener mayores beneficios.

Gilead suministra el Sovaldi a España a un precio 180 veces superior al que le cuesta producirlo, lo que hace que el precio del fármaco sea tan elevado que la mayor parte de los enfermos no pueda permitírselo. Su coste de producción es de apenas 115 euros, mientras el oportunismo sin escrúpulos de la farmacéutica la vende por 20.800 euros el tratamiento, siendo responsables pues, de la muerte de aquellos enfermos que, por no disponer de esa elevada cantidad de dinero, no puedan costearse el tratamiento que les salvará la vida.

Según ha informado la ONG Médicos sin Fronteras en un comunicado, la Oficina de Patentes rechazó el jueves la petición de Gilead para patentar el fármaco Sovaldi, lo que permite a otras empresas fabricar genéricos a este medicamento. La ONG entiende que este es el momento para que el gobierno intervenga y tome medidas al respecto para evitar el chantaje de la compañía farmacéutica.

«Hay países donde se entiende que, cuando la vida de las personas corre peligro y una farmacéutica está jugando con los precios de esta manera, el Gobierno tiene derecho a saltarse la legislación en materia de patentes«, afirma Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, que critica que «un Gobierno que se está declarando tan defensor del derecho a la vida tiene que ser consecuente y ponerla por encima de cualquier cosa«.


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