El caso de Daniel Scioli en Argentina y la doble moral sobre el aborto en la región

El excandidato presidencial argentino, que contaba con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, quedó envuelto en un escándalo después de que su exnovia, Gisela Berger, lo acusó de pedirle que interrumpa su embarazo. La polémica se ve fuertemente potenciada por los principales medios de comunicación justo cuando el político quería reflotar su figura como opositor al gobierno de Macri

La controversia crece aún más ya que durante plena campaña para la elección presidencial, durante un acto en Florencio Varela -Provincia de Buenos Aires-, ante cientos de universitarios militantes, afirmó: “Soy anti aborto”. “Es un tema muy sensible, para analizarlo en profundidad. Desde lo personal soy anti aborto, pero en circunstancias que ponen en riesgo la vida de la mujer hay cuestiones -dicen los especialistas- que se tienen que encarar de otra manera”, respondió cuando una alumna le preguntó por su postura sobre el tema.

Daniel Scioli

Hoy, más cerca del escándalo mediático que de la política, su tajante declaración contrasta con la acusación de su exnovia, Gisela Berger. Después de que la modelo lo acusó de serle infiel y mostró supuestos chats y videos prohibidos con la modelo Sofía Clerici, el dirigente del Frente para la Victoria confesó que la modelo está embarazada. Quizás, nunca imaginó que la mediática saldría a responderle con una explosiva declaración: “Él me pidió que aborte”, aunque nunca se supo de ningún factor que pusiera en riesgo a la madre.

¿Es ésta una conducta común en todo el continente? Lo cierto es que desde las clases políticas y más poderosas en materia económica se suele bajar un discurso al resto de la sociedad «a favor de la vida» y en contra del aborto, negando a las mujeres la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. Sin embargo, al interior de sus propias familias, el aborto se practica con la misma frecuencia que en el resto de la sociedad.

Según distintos informes internacionales, en América Latina se realizan de manera anual cerca de 4,4 millones de abortos y más del 90% de ellos se practican en condiciones de inseguridad para la mujer. Esto significa abortos clandestinos, recurriendo a métodos artesanales, que tienen alto riesgo de terminar con secuelas graves para la paciente. Muchos de estos son auto inducidos, es decir, las mujeres no tienen a quién recurrir y se deben provocar abortos por su cuenta.

En la misma dirección, la Organización Mundial de la Salud indicó durante el 2016 que aproximadamente el 12% del total de las muertes maternas en la región son por abortos mal realizados; sin considerar las cientos de miles de mujeres que terminan en hospitales producto de infecciones, perforación de órganos internos y otras graves consecuencias para la salud.

Si bien, a partir de distintos informes, se puede llegar a la conclusión de que la mayoría de mujeres que recurren a un aborto clandestino son jóvenes de sectores populares, la mayor diferencia son los recursos económicos y las influencias con las que cuentan en relación a las clases dominantes. Con tratamientos más cuidados y una mayor confidencialidad, las mujeres de clase alta también abortan, contradiciéndose muchas veces con su postura oficial al respecto.

Actualmente, Uruguay y el Estado de México plantean las legislaciones más progresistas al respecto, permitiendo interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación sin necesidad de un justificativo. Luego, en la mayoría de los países las leyes se han ido adaptando lentamente para, al menos, legalizar el embarazo cuando la vida de la mujer corre riesgo, es producto de una violación o el feto es inviable. En ese sentido, Chile ha sido uno de los últimos países en plantear ese debate tras los cambios que se habían aplicado durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En definitiva, el caso de Daniel Scioli sirve como ejemplo para entender la doble moral con la que muchos dirigentes y personas influyentes en Latinoamérica se manejan con el tema del aborto. Lo mismo puede pensarse en otros temas que despiertan un gran debate a nivel social, como la legalización de la marihuana o el consumo de drogas. En pleno siglo XXI, muchos políticos siguen disfrutando sus privilegios al mismo tiempo que se esconden en un discurso ético y moral con tintes religiosos.

Por Gustavo Yuste, desde Argentina
@gusyuste