Por Jorge Molina Araneda
Ya en el año 2021, la Seremi de Salud Metropolitana abrió una investigación en contra de la Clínica Las Condes (CLC), por la vacunación de una tercera dosis contra el Covid-19 en favor del presidente del directorio del recinto.
Según diversas versiones, Alejandro Gil a que se le inoculara con una tercera dosis de la vacuna Pfizer, saltándose todo tipo de protocolo.
Gil, quien es cónyuge de la controladora de la clínica Cecilia Karlezi, había completado su esquema de dos vacunas con Coronavac, del laboratorio chino Sinovac.
La situación salió a la luz luego que la vacunación fuera ingresada al sistema nacional de inoculaciones, lo que levantó la alerta en el Ministerio de Salud.
Personal de la Seremi llegó hasta el vacunatorio de la clínica para trabajar en el sumario que podía llevar al cierre de dicha unidad.
Además, en noviembre de 2022, el Primer Juzgado Laboral de Santiago acogió parcialmente la demanda que presentó la exenfermera de la CLC, Carla Garrido, por despido injustificado luego del escándalo que provocó la tercera inoculación contra de Gil. El Tribunal declaró que su despido fue “indebido” y ordenó a la clínica pagarle $30 millones, luego de que habría informado a través de una plataforma interna que Gil se había “saltado la fila” y pidiera ser inoculado antes de que todos los chilenos.
La exfuncionaria se encontraba descansando en su casa cuando una TENS le indicó que le había administrado la vacuna a Gil y que no podía decir nada porque sino la “iban a matar”. Tras esto, Garrido subió la información a una plataforma interna, en donde todo explotó. Tras solo cuatro días de ese aviso, la enfermera fue despedida de sus funciones y acusada por haber incurrido en “un grave incumplimiento de sus obligaciones, al divulgar a terceros información sensible de pacientes, vulnerando de esta manera el artículo 12 de la Ley Nº20.584, sobre derecho de los pacientes”.
Presunta apropiación indebida
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizará el próximo 6 de agosto a Alejandro Gil, por el presunto delito de apropiación indebida, tras la querella que presentó un grupo de exmédicos de ese centro privado de salud.
En septiembre de 2022, los médicos Javier del Río Alonso y Joaquín Lara Giménez interpusieron una querella ante el tribunal en contra de la Clínica Las Condes. Los profesionales, acusaron que esta incumplió dolosamente el pago de honorarios, al vulnerar el mandato que las sociedades médicas de ambos facultativos habían otorgado al recinto, al no cobrar la totalidad de las prestaciones realizadas en el lugar, además de pagarles en menores fracciones o parciales con el objetivo, denunciaron, de apropiarse de los recursos pagados por las aseguradoras y pacientes.
En la acción judicial los doctores acusaron que, en el caso de la Sociedad Médica L.A SpA, representada por Lara Giménez, la clínica le debe más de $250 millones; mientras que en el de la sociedad Servicios Médicos y Financieros del Río Ibáñez SpA, representada por Del Río Alonso, se le adeudan más de $100 millones.
“Esta práctica de apropiación de dineros, se replica respecto de gran parte de los profesionales médicos que se desempeñan en la clínica, en efecto, la Clínica Las Condes S.A. y ninguna de sus filiales tienen derecho alguno respecto a esos montos de dinero, por cuanto se trata únicamente del encargo de una gestión de cobro”, consignó la querella.
Esta detalla que el “contrato marco” que existía entre las partes, otorgaba a la clínica la responsabilidad de cobrar los honorarios médicos adeudados y de transferir estos pagos a los médicos. Sin embargo, afirma, la clínica no cumplió con esta obligación, apropiándose indebidamente de las sumas de $250.773.354 y $102.915.446 que correspondían a Joaquín Lara Giménez y Javier del Río Alonso, respectivamente. Además, indica que la clínica bloqueó el acceso a la información de cobros y pagos, actuando con la intención de ocultar sus acciones. Los médicos han presentado pruebas para respaldar su querella contra la clínica.
A cargo de la indagatoria está la fiscal Karin Naranjo, quien ordenó en enero de 2023 allanar las dependencias de Clínica Las Condes en busca de mayores antecedentes.
Fredy Jacial
Hace unas semanas, el mismo tribunal había fijado la formalización de Alejandro Gil en el marco de otra investigación que lleva adelante ahora la misma fiscal, pero posteriormente la audiencia se dejó sin efecto. Esto, luego que en mayo de 2022 el exgerente general de CLC, Fredy Jacial, interpuso una querella calumniosa en contra del empresario.
Fredy Jacial llegó a CLC de la mano de Alejandro Gil. A fines de 2019, luego que el grupo Auguri –liderado por la pareja de Gil, Cecilia Karlezi- tomara el control de la clínica, Gil llegó al directorio y Jacial también. Al poco andar, en mayo de 2020, pasó a ser gerente general; cargo en el que permanecería hasta agosto de ese año.
En marzo de 2020, estalló la pandemia y la autoridad asumió el control de una red que integró a todos los prestadores de salud, tanto públicos como privados. Según se lee en la acción interpuesta por Jacial, en ese entonces el gobierno detectó que algunos prestadores privados no estaban aumentando su capacidad de camas críticas en los niveles que en ese momento requería el país y les exigió ponerse al día. Si el sistema público había duplicado la cantidad, en la atención particular con atención cerrada y unidades de alta complejidad el alza bordeaba el 10%, dijo el ministro de Salud de ese entonces, Jaime Mañalich, recuerda la querella.
El 17 de mayo de 2021, Gil en calidad de presidente y Jerónimo García como gerente general en ese momento, presentaron una querella en contra de Fredy Jacial y contra todos quienes resultaran responsables por un supuesto delito de administración desleal. En líneas generales, se le acusaba de admitir un número significativo de pacientes Covid por sobre el límite impuesto por el gobierno, lo que habría generado un perjuicio económico a la clínica de unos $ 8.598 millones.
El 20 de septiembre pasado, el exgerente general fue sobreseído. Y el tribunal condenó a CLC a pagar las costas del proceso. Además, en enero se sancionó a la clínica con el pago de 199 UF en favor de Jacial. El fallo aseguró que CLC “no tuvo razón para interponer una querella por los hechos que describió en su libelo”.
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