El Movimiento de las camillas: La protesta que viene

Agonía del sistema de Salud por lucro y privatización

Consecuencia de decisiones tomadas durante la dictadura, la Salud pública en Chile vive una agonía de más de 30 años, desprotegida por el Estado e incapaz de competir con la avasalladora fuerza de la irrupción privada. Mientras la calidad se reserva para los más privilegiados, el 80% de la población en Chile debe optar por un sistema de Salud público que cada día parece estar más cerca de fallecer.

La exigencia de una salud pública de calidad, sin lucro, protegida con presupuesto estatal y regulación de la voracidad privatizadora, se aparece como extensión del movimiento estudiantil que demandó educación pública y gratuita sin fines de lucro.

Son reivindicaciones que ponen en el centro el cuestionamiento al modelo de desarrollo neoliberal que, impuesto por la dictadura pinochetista, privatizó la salud y la educación. Se está exigiendo respeto al derecho ciudadano de acceso a esos servicios, una mayor y mejor regulación del Estado y elevar los presupuestos públicos.

Vivienne Bachelet, médico y miembro del movimiento ciudadano “Salud un Derecho”, dijo que los temas de salud y educación “son muy parecidos, yo diría idénticos. No hay diferencia conceptual, porque en ambos casos se habla de lucrar con derechos fundamentales de las personas”.

Añadió que “en el caso de la salud, es más trascendental todavía porque sin salud no hay vida. La salud está antes de la educación, porque sin ella no hay existencia”.

Para ella, “es necesario que los gremios y actores de la salud puedan aliarse con el movimiento estudiantil y hacer presión en conjunto” y generar una movilización social transversal por el derecho a una salud de calidad y pública.

Carolina Espinoza, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), en una entrevista con El Ciudadano, manifestó que “si no es la gente la que se levanta, los funcionarios solos no podemos dar esta pelea”, haciendo un llamado tácito a la movilización para impedir la profundización de la privatización y el lucro en salud y mejorar las condiciones del sector público, entre otras cosas, con mayor presupuesto.

Es lo que algunos llaman “el movimiento de las camillas” que va apareciendo y que ya se evidenció con las movilizaciones del sector de técnicos de la salud y los paros efectuados por la Confusam.

“La salud es lo primero”, dice la sabiduría popular. Pero en Chile, esa prioridad se lastima cuando se le mete en el mundo de los negocios. Un derecho de niños, jóvenes y adultos, colocado a merced del lucro y grandes consorcios privados.

LA PRIVATIZACIÓN DE PINOCHET

Hasta la llegada de la dictadura militar, liderada por Augusto Pinochet, el sistema de salud chileno era de carácter universal, gratuito y financiado por el Estado. Éste otorgaba sus principales prestaciones al sector obrero e indigente del país. Además, existía un reducido grupo de clínicas privadas destinadas a satisfacer las necesidades médicas de la población con mayores recursos.

La llegada del poder militar significó una drástica reducción del financiamiento estatal, que culminó con una profunda reforma en 1979. Al alero del pensamiento de los economistas neoliberales conocidos como “Chicago Boys”, la salud comenzó a ser regida por un sistema dual, que sustenta al sector público en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Sistema Nacional de Servicios de Salud -que presta asistencia de hospitales y diagnóstico- y en los municipios, responsables de la atención primaria.

El cambio más profundo, sin embargo, se materializó en la creación de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), aseguradoras privadas que se responsabilizan de las prestaciones médicas de sus cotizantes. En tanto, el régimen de Pinochet logró disminuir al máximo la inversión estatal en la salud, dejando en manos de los chilenos y chilenas la escueta posibilidad -dependiente de las remuneraciones de cada familia- de optar por el sistema previsional más conveniente. Así, las garantías de un derecho comenzarían a difuminarse.

“La salud, hoy en Chile, no es un derecho”, sostiene Guido Girardi, presidente del Senado. “No está garantizada, al igual que la educación. Hoy, sólo se garantiza el derecho a la libre elección del consumidor”, indicó.

Alexander Recabarren, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile (Asemech), afirmó que “hoy la salud sí es un derecho, pero desde la libertad y no desde la igualdad. Es un derecho a elegir qué previsión quiero tener. Si tengo dinero, una Isapre o Fonasa. Si no lo tengo, la opción de Isapre se diluye. Es un derecho elegir dónde me atenderé. Si puedo, en una clínica top, si no, al hospital se ha dicho”.

EL ABANDONO DEL ESTADO

Por debajo del promedio de inversión estatal de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile destina cerca del 7% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la salud. Este presupuesto logra aportar sólo un 25% al financiamiento total, mientras que las cotizaciones de los trabajadores (a Isapres y Fonasa) generan un 35% del total. El resto, consistente en un 40% de la recaudación, sale directamente desde el bolsillo de las familias.

“El Estado debe asumir un rol preponderante para asegurar la salud de la población chilena, por eso estamos porque el gasto en el sector –si bien aumentó en los últimos presupuestos de la nación- crezca para garantizar salud digna”, manifestó Francisco Chahuán, senador de Renovación Nacional (RN) y miembro de la Comisión de Salud del Senado.

Pese a que durante la década de los 80’s hubo una importante migración de usuarios al sistema privado, las exigencias propias de las Isapres y los bajos sueldos terminaron por arrinconar al 80% de la población más pobre en un sistema público cada día más precarizado. “Eso es significativo y es una razón por la que hay que defenderlo. En un país donde el aporte a la salud privada es mayor, nos impulsa a defender un financiamiento más igualitario”, aseguró Vivienne Bachelet.

Tal como expuso Bachelet -prima de la ex Presidenta-, de los países de la OCDE sólo Chile, México y Estados Unidos tienen más gasto privado que público en salud. En este también son consideradas las cotizaciones a las Isapres, pese a que el dinero obtenido va en directa recaudación de los privados.

“Es inaceptable que la cotización en salud, que para efectos prácticos es un impuesto a la renta, sea finalmente embolsada por la empresa privada. Entonces, más alarmante aún que gastemos un 1% menos del PIB que nuestros compinches de la OCDE, es que el sector privado de salud usurpe impuestos de todos los chilenos en aras de tener una mayor rentabilidad”, afirmó Alexander Recabarren.

EL MILLONARIO LUCRO DE LAS ISAPRES

El esquema de la previsión de salud privada en Chile gira en torno a cuatro círculos empresariales: Banmédica S.A., del Grupo Penta; Cruz Blanca Salud, perteneciente al Grupo Said; Red Salud, propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción; y Más Vida, encabezada por el doctor Claudio Santander. Cada uno de estos conglomerados carga con Isapres, clínicas y centros de atención ambulatorias que lideran el sector privado.

“Una manera de mejorar el sistema es la competencia y, por ende, es mejorar Fonasa”, expuso el doctor Claudio Santander Kelly, presidente de Isapre MásVida. Santander está a la cabeza de una de las Isapres que obtuvo la menor cifra de rentabilidad en el primer semestre de este año, con una recaudación de $3.380 millones y, a la par, es la previsión que registra menor cantidad de reclamos por parte de sus usuarios.

“El objetivo de sus accionistas -más de 6.500 médicos-socios a lo largo de Chile- no es la rentabilidad de la Isapre”, aseguró el doctor Santander. “Lo que permite, desde el diseño de sus productos, traspasar parte de las utilidades a los usuarios y crear un real valor compartido”.

En comparación con los ostentosos números de utilidades recibidas por las Isapres durante el 2011, las ganancias de Más Vida parecen humildes: Cruz Blanca alcanzó los $10.030 millones, seguida por Banmédica, con $9.472 millones, Colmena con $8.911 millones y Consalud con $8.461 millones. De esta forma, las Isapres chilenas crecieron en un 70,2% respecto al año anterior. Esto, cuando aún no se consideraba el alza en el precio de cada uno de sus planes de salud.

Las revelaciones tras las utilidades terminaron por aturdir a la ciudadanía, que apenas se las arregla para entender el confuso comportamiento del sistema previsional privado y sus más de 6.600 planes de salud en vigencia. “Hoy los contratos con las Isapres son verdaderos contratos de adhesión, frente a los cuales los usuarios están expuestos al abuso”, aseguró el senador Chahuán.

A comienzos de septiembre se revelaron los resultados de una fiscalización realizada por la Superintendencia de Salud, con Luis Romero a la cabeza, ex gerente de Colmena Golden Cross, quien indicó que “la Superintendencia de Salud tiene amplias facultades para fiscalizar a las Isapres en el área operacional y de control financiero, es por esta razón que como resultado de las fiscalizaciones desarrolladas por este organismo, durante el primer semestre del presente año, las Isapres tuvieron que devolver o reconocer en favor de los beneficiarios un total de $289.565.000”. Sin embargo, esta cifra apenas alcanza el 1% de las utilidades recibidas.

Además, las Isapres aún no son regularizadas en su discriminación de sexo, edad y estado de salud de los usuarios. Desde su perspectiva lucrativa, castigan y excluyen del sistema a las mujeres -por poseer capacidad reproductiva y no pertenecer a la mayor parte de la fuerza de trabajo remunerada-, a los ancianos -gran parte de los planes tienen por tope los 45 años, debido a la mayor tendencia a diversas enfermedades- y a quienes poseen dolencias crónicas que puedan generar un alto costo, como la hipertensión. Dicha tabla de factores, sin embargo, fue sentenciada por el Tribunal Constitucional, el que puso en evidencia su inconstitucionalidad por ser discriminatoria y violatoria de derechos.

LA AGONÍA DE LA SALUD PÚBLICA

Durante los últimos años, los gobiernos y parlamentarios parecen haber asimilado, como la ciudadanía, las enormes falencias del sistema público de salud. Sin embargo, ajenos a la realidad cotidiana de quienes deben esperar meses por atención médica, actúan burocráticamente a la hora de regular el marco en el que se desenvuelven las Isapres -12 de 20 proyectos con fines regulatorios se encuentran detenidos en el Congreso– y evaden la resolución de los problemas, otorgando facilidades para que los pacientes puedan emigrar a la medicina privada con recursos estatales.

Es así como el Bono Auge, propuesto por el presidente Sebastián Piñera, licita el diagnóstico y tratamiento de pacientes de Fonasa exclusivamente a las clínicas privadas. Según Girardi, ésta “es una acción premeditada para no reponer el stock de especialistas en los servicios de salud públicos, específicamente en los hospitales. De esta forma, cuando las personas consulten en dichos centros por atención se van a dar cuenta que tienen que emigrar hacia la salud privada, es obvio, porque no hay profesionales disponibles que puedan atenderlos”.

El presidente del Senado agregó que “este es un proceso solapado de privatización, que está restando los recursos humanos al sistema público y con ello se ayuda directamente a la expansión de las clínicas privadas”.

A esa opinión se sumó Vivienne Bachelet, quien añadió que “con esto se castiga al sector público. Se está dando la oportunidad a privados de obtener fondos estatales, puesto que aquí se incluye también los fondos de Fonasa, que se forman con la cotización de todos los chilenos y chilenas. Esa plata es parte de la seguridad social y se está otorgando con exclusividad a privados”.

Sin embargo, lejos de la discusión técnica, está la experiencia humana. Esa de quienes deben conformarse con la eterna espera y la precariedad de un sistema que por ahora no puede ofrecerles más. “El otro día fui al consultorio y tuve que hacer un trámite en la Junta de Vecinos para que me atendieran”, relató Andrés Pérez, de 24 años, quien está en calidad de indigente ante la ausencia de un contrato laboral. “Me dio la impresión de que los funcionarios trabajan de mala gana, porque de seguro no les pagan bien y porque tratan con gente que está enojada, porque también la hacen esperar”, afirmó Andrés.

“Uno tampoco confía en los médicos particulares, coludidos con las farmacéuticas que te recetan las ‘hueás’ más caras”, agregó. A su edad y sin grandes enfermedades a cuestas, Andrés ya conoce bien las condiciones en que se desenvuelve la salud en Chile. Sin embargo, quizás aún está lejos de lo vivido por quienes han pasado los últimos años de su vida en una sala de espera, mendigando la cura y el acceso al que ya parece un inalcanzable derecho.

Por Vanessa Vargas Rojas

Fotografías: Mauricio Becerra

El Ciudadano Nº111, primera quincena octubre 2011