Fecha límite -otra más- para la tramitación de la Ley Ricarte Soto

La fecha límite para la tramitación de la Ley Ricarte Soto supuestamente era antes del final del año 2014, pero el envío del proyecto al Congreso se ha demorado por la falta de afinaciones y exactitudes que deben ser definidas antes del próximo 15 de enero, nueva fecha límite para la tramitación de la ley perseguida y defendida hasta el último día de su vida por el conocido perdiodista chileno Luis Ricarte Soto Gallegos.

La Ley Ricarte Soto se basa en la creación un fondo para fármacos de alto costo que beneficie a casi veinte mil pacientes crónicos y de urgencia que no pueden acceder a cierto tipo de medicamentos por su elevado precio. «Para que este sistema sea estable en el tiempo y se mantenga y vaya incorporando nuevos tratamientos (…) es muy importante que el financiamiento quede bien afinado«, dijo el ministro subrogante de Salud, Jaime Burrows, justificando por qué una ley que deberia haber sido tramitada hace meses, está aún definiendo los últimos detalles.

Las autoridades responsables de la nueva ley defienden que es necesario afinar y determinar con exactitud qué se entenderá en términos económicos por medicamentos, alimentos y dispositivos médicos de alto costo, así como entender la complejidad que supondrá que gran parte de los beneficiarios serán pacientes crónicos que necesitarán del fondo durante muchos años, y a los que se sumarán las nuevas personas que se irán incorporando progresivamente.

Para el gobierno, esta medida implicará una inversión de más de 180 millones de pesos al año.

Esta ley fue promovida por el conocido periodista Luis Ricarte Soto Gallegos a partir de ser víctima de un cáncer de pulmón en 2010 y comprobar que el acceso a ciertos medicamentos reusulta imposible para la mayor parte de las personas de ingresos medios o bajos. Desde ese momento, Ricarte Soto luchó para que surgiera un Fondo de Financiación para Medicamentos que costeara parte de los fármacos más caros que muchas personas necesitan para seguir viviendo pero que no se pueden permitir.

«El proyecto de ley establece que los Ministerios de Salud y Hacienda fijarán un monto de alto costo, así como se establece el de la Prima Ges, también cada tres años«, declaró Burrows el mes pasado. Para determinar a partir de qué monto se considera alto costo, cada tres años se determinará un umbral que tendrá en consideración los ingresos medios de cada familia.

A través de la nueva ley se acreditarán profesionales que puedan hacer diagnósticos y emitir recetas que ingresen al sistema del Fondo Nacional de Medicamentos de Alto Costo. Una vez estén acreditadas estas redes, el acceso de los ususarios a esos especialistas estará cubierto por el Fondo. Además, los pacientes que se beneficien del fondo tendrán por obligación pasar a formar parte de un registro de pacientes.

Según el ministro subrogante de salud, Jaime Burrows, el proyecto de ley «en términos simples, apunta a gastos de bolsillo que sean imposibles de cubrir por las personas, tanto de Fonasa como de isapre«, y «se evalúan fórmulas como, por ejemplo, hacer aplicable el beneficio cuando el gasto supere el 30 por ciento del sueldo promedio del país o una cantidad determinada del ingreso familiar, para evitar endeudamiento en las familias«.

Si todos cumplen con su palabra, la Ley Ricarte Soto será tramitada al Congreso el próximo día 15 de enero estando pendiente a partir de entonces su aprobación y puesta en marcha para ayudar a casi 20 mil personas con el acceso a medicamentos, alimentos y dispositivos médicos.