Hospital Siquiátrico El Peral: Una trama de locura

El 25 de julio, la televisión exhibió un reportaje donde se mostraron maltratos contra  pacientes del mítico “open door”. Abierto un sumario, profesionales denuncian irregularidades y persecuciones, en un escándalo en el que los pacientes parecen ser la última preocupación de una institución que niega transformarse.

El Peral se abrió en 1927, con la idea de ser un recinto sin cerrojos (“open door”), abandonando la lógica carcelaria que caracteriza a las instituciones que atienden pacientes siquiátricos. Se ubicó en la periferia, donde suelen territorializarse los “indeseados” de la sociedad. Hoy, ese proyecto está lejos de ser realidad y entre la precariedad absoluta y un sistema donde prima la violencia, no hay garantía alguna para la recuperación de las personas que llegan allí.

Situación grave, si se considera que estudios recientes indican que uno de cada tres chilenos sufre algún trastorno mental entre los 35 y 50 años, y que casi un 60% de las mujeres sufre o ha sufrido depresión.

“Esto es peor que una cárcel, porque uno no sabe si va a salir. El que entra aquí muchas veces está condenado a quedarse de por vida”, afirma Javier Burgos, joven becado en el Hospital El Peral e integrante del Movimiento por el Derecho a la Salud Mental (MDSM), organización ciudadana enfocada en el ámbito de la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos. Algo que parece alejado de la lógica que a diario se vive en el recinto hospitalario.

LA INSTITUCIÓN TOTAL

Esto no siempre fue así. Siguiendo la tendencia internacional, el año 2000 se creó la Unidad de Mediana Estadía (UME), un equipo multidisciplinario enfocado en los pacientes más graves y abandonados, a los que se acostumbra llamar “crónicos” y que muchos médicos consideran “una pérdida de tiempo” atender.

“Le devolvimos los derechos a las personas, les tratamos como humanos, elemento esencial para una rehabilitación”, explica Ximena Peñailillo, siquiatra que asumió la jefatura de dicha unidad, con el apoyo del entonces director, Mauricio Gómez.

En un manicomio el maltrato es parte de su funcionamiento, descrito con detalles por intelectuales como Michel Foucault. Del electroshock a destajo, a los amarres y golpizas. Por eso, las directrices internacionales tienden a su desaparición, privilegiando la terapia en residencias protegidas, en el ámbito comunitario.

“Tuvimos una tremenda resistencia de funcionarios (técnicos paramédicos y auxiliares), porque hay un miedo a perder el trabajo”, señala Peñailillo. “Ellos piensan que ‘si los pacientes se mejoran y se van ¿Dónde vamos a trabajar?’. Para algunos médicos es más profundo, ya que ven el Hospital sólo como una solución social para personas abandonadas”, explica.

A pesar de la hostilidad y que desde 2006 el proceso se detuvo por decisiones de las autoridades ministeriales, la UME logró el egreso de pacientes a residencias y la inclusión social de más de 200 personas largamente recluidas, transformándose en una experiencia modelo.

En 1998 este equipo denunció por la prensa las precarias condiciones en que trabajaban y en las que vivían los pacientes, así como la falta de redes sanitarias que los apoyaran. Consiguieron financiamiento -aunque muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, fármacos (hasta ese momento donados) y varios internos fueron egresados como culminación de un adecuado tratamiento.

Pero esos profesionales se ganaron el rechazo de los funcionarios de las otras unidades, los que se movilizaron varias veces, alegando malos tratos y acoso laboral. Incluso los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) y la Federación Nacional de Trabajadores Técnicos de la Salud (Fentess) aparecieron en 2008, junto a la CUT, denunciando los maltratos de Peñailillo.

Ese año, la doctora Marcela Parada fue insultada y agredida cuando pidió a los manifestantes alejarse de los pacientes. Los funcionarios de la UME denuncian que fueron hostilizados.

“Pintaron mi nombre junto a otros en una muralla, con letras rojas que decían ‘caravana de la muerte’ porque, según ellos, anunciábamos la muerte del hospital”, indica la doctora Peñailillo.

Gonzalo Taborga es abogado y presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organización que desde fines de los ’70s, lleva causas nacionales e internacionales. Recibieron una denuncia de familiares e integrantes del MDSM y hoy asesora diversas acciones en el marco del caso.

“Los procedimientos de algunos funcionarios paramédicos, administrativos y auxiliares, no se condicen con los avances en salud, porque el sistema interno no genera una formación en derechos humanos. Ellos sólo buscan conservar su puesto de trabajo”, afirma Taborga.

BOMBA DE TIEMPO

Las situaciones de violencia, captadas por la cámara oculta de un infiltrado, estaban en conocimiento de la comunidad hospitalaria hace años, fruto de numerosas denuncias.

En la última década se acumularon y, si hubo sanciones, no fueron ejemplificadoras: Tres paramédicos abandonan sus funciones durante la noche de una celebración del “día del hospital”, dejando a un paramédico ebrio encargado de los pacientes. El sumario descontó un porcentaje mínimo del sueldo por una sola vez.

Un paciente golpeado por un funcionario, quedó grave. El sumario indicó “contención mal hecha” y que debían ponerse cámaras, lo que fue desestimado por el jefe del servicio de la época. La denuncia a la Justicia también se desestimó.

Un funcionario puso un antibiótico en la arteria de un paciente, lo que no se avisó a tiempo, generando la amputación del brazo afectado.

Una enfermera fue acusada por falta a la ética al haber señalado que una paciente, que al parecer había botado su comida, no recibiría un nuevo plato y que esto no importaba porque “con lo gorda que estaba, un día que comiera no importaba”.  No se realizó sumario y sólo se reprendió al denunciante.

Días antes de hacerse conocido el reportaje del canal privado Megavisión, el doctor Yal Taha, envió una carta al entonces director del Hospital, Rogelio Aravena, en la que detalló varios abusos y malos procedimientos de enfermeras que lo acusaban a él de malos tratos, porque las había reprendido por dichas prácticas.

Tras reiterados intentos de El Ciudadano -y al tanto de estas acusaciones y otras detalladas más adelante en este reportaje- los dirigentes de la Fenats, Darwin Estuardo y Virginia Catalán, y de la Fentess, Guillermo Pradena, rechazaron tajantemente referirse al tema.

“Ellos oponen los derechos del paciente a los de los funcionarios. Incluso un médico me dijo que no correspondía hablar de derechos humanos, sino sólo de derechos de los pacientes”, expresa Peñailillo, impactada.

Este clima hizo que hacia octubre del año pasado dejaran su cargo Mauricio Gómez, director del Hospital, y Elizabeth Troncoso, coordinadora de enfermería. Años antes, se había logrado sacar a la ex directora Bahamondes, quien también intentó hacer reformas.

RETROCESOS

Con el terremoto, las instalaciones de El Peral se vieron afectadas en más de un 50%, lo que generó el traslado de pacientes de la Unidad de Corta Estadía al Hospital El Pino y movilizaciones de los gremios desde marzo.

Tras la salida de Gómez y Troncoso, asume Rogelio Aravena la dirección del Hospital y Hernán Garcés como enfermero coordinador, quien luego de conocerse el reportaje de “Aquí en vivo” se transformaría en el actual Director.

El 12 de julio, 22 profesionales del Hospital enviaron una carta a Juan Manuel Toso, quien asumió la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Sur -del que depende territorialmente El Peral- en enero de este año. En ésta, que es una de muchas otras cartas sin respuesta, tras reuniones con autoridades de Salud y parlamentarios, denunciaban la orientación regresiva que tomó la institución en el último tiempo.

La misiva critica que la nueva Dirección sometió a una revisión crítica el plan de des-hacinamiento implementado en conjunto con el Hospital Sótero del Río y El Pino luego del terremoto, y que esto se haga “sin considerar el aporte técnico ni la opinión de los profesionales”, enterándose de las decisiones una vez tomadas.

Además, critican la gestión del nuevo Enfermero Coordinador, quien habría debilitado el trabajo en equipo a favor del fortalecimiento de su estamento.

Estas y otras situaciones (retiro de médicos en formación de especialistas, no comunicar sobre el cambio de fármacos) llevaron a Peñailillo a renunciar a su Jefatura de Larga y Mediana Estadía el 29 de marzo.

La doctora afirma que las hostilidades hacia su persona y su equipo eran constantes y que incluso en octubre la Contraloría declaró nulo el concurso en el que ella volvía a ganar la jefatura, indicando que “se habían exigido muchos requisitos, dejando a muchos fuera”.

De acuerdo al equipo de la UME, el Director del Hospital rápidamente dio a conocer  la carta a los dirigentes de la Fenats, quienes iniciaron una campaña de recolección de firmas en contra de la doctora, acusándola de querer botar a la Dirección y perseguir el cierre del Hospital.

DETONACIONES

Con el programa de televisión las bombas estallaron en El Peral, hiriendo a pacientes y profesionales por igual.

Los maltratadores que aparecen en el video son suspendidos, a la vez que se instruye un sumario. Sale Aravena de la Dirección y asume Garcés. Se convoca a una reunión donde los únicos no invitados son los miembros de la UME. Lo cual parece irregular.

Se suspende el 28 de julio -y antes de declarar- a Marina Parra, enfermera de esta Unidad, y el 2 de agosto, se solicita el traslado de Ximena Peñailillo de El Peral al Hospital Barros Luco en Comisión de Servicio, “una medida que no debe ser punitiva, pero que se usa para sacar a las personas ‘conflictivas’ de ciertos lugares”, afirma. En el papel se justifica por requerir la experticia de profesionales para otros servicios.

“La estrategia de las autoridades ha sido decir a los gremios que nosotros queremos sacar al Director y cerrar el Hospital. Y para eso se nos culpa a nosotros de infiltrar al periodista”, explica Javier Burgos.

Esto tiene otro antecedente. Cuando dirigentes de los profesionales de El Peral fueron a entregar la carta del 12 de julio al ministro de Salud, Jaime Mañalich, su jefe de gabinete, Juan Cataldo, les señaló que Peñailillo fue sacada por su “liderazgo hiperventilado”.

“Nos dijo, además, que se estaba barajando vender El Peral y trasladar a los pacientes de psicogeriatría al Hospital de Putaendo”, afirma Carolina León, dirigenta de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Salud.

“Mi conclusión es que el reportaje es para justificar el cierre. A los trabajadores se les neutraliza diciéndoles que somos nosotros quienes tenemos la culpa”, indica Peñailillo.

A la Comisión le preocupa el posible destino del terreno de El Peral, “ya que podría impulsarse la privatización de la salud mental, tal como ocurrió con las cárceles”, advierte Gonzalo Taborga.

Con la partida de la jefa de la UME, se dejó la Unidad sin siquiatra titular y el Director dio orden de que los becados no pueden atender sin supervisión.

Como una forma de proteger a los pacientes, el MDSM, apoyado por el abogado Álvaro Hernández, entabló un recurso de protección el 31 de agosto en la Corte de San Miguel.

León -quien trabaja en la Unidad- indica que hoy sólo quedan tres de los siete profesionales no médicos que había y sólo queda la doctora Parada y algunos médicos residentes para atender a los 19 pacientes.

EL MUNDO AL REVÉS

El Ministerio de Salud, así como la Dirección del Hospital y del SSMS, informó a través de Alejandro Aravena, jefe de comunicaciones de éste último, que no se referirán al caso El Peral mientras el sumario no concluya. Sin embargo, una notificación de cargos emitida el 6 de octubre por el Servicio de Salud Metropolitano Sur, declara en su primer punto “cerrado el Sumario por encontrarse agotada la investigación”.

Si bien los maltratos de los auxiliares Juana Carrasco, Patricio Becerra y Jaime Pérez, y del paramédico, Javier González, ocurrieron en el sector 4 y 8 de la Unidad de Trastornos del Desarrollo, el sumario responsabilizó también a Peñailillo, a la enfermera Parra y al doctor Pedro Muñoz.

Este último sí tenía esos pacientes a cargo en la Unidad de los maltratos, pero el reportaje lo acusó, además, de no cumplir su horario ni realizar todas las atenciones, mostrando documentos del mes de febrero, cuando realizó reemplazos que lo tenían con más carga de pacientes. La doctora Peñailillo fue Jefa de Larga y Mediana Estadía del 1º de febrero al 29 de marzo, dos meses antes de las grabaciones. Parra, por su parte, aunque supervisó ahí durante un tiempo, la enfermera a cargo en el momento era otra, que sólo declaró en el sumario. “Administrativa ni penalmente les cabe alguna responsabilidad. No eran sus pacientes, ni era su unidad”, afirma el abogado de la Comisión de Derechos Humanos.

Otro elemento que llama la atención es que todos los cargos sólo son por la trasgresión de un artículo que les “obliga a cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones con el Servicio” y por no “realizar sus labores en forma eficiente”. Se minimizan los maltratos que muestra el video y se presentan iguales cargos, tanto para maltratadores como para las profesionales.

El diagnóstico de Taborga es tajante: “A mí me parece que hay una persecución interna, una violación a los derechos humanos de los pacientes y de algunos funcionarios”.

Como sea, las malas noticias para los pacientes continúan. Hace un mes murió uno en el sector 8. La causa, según los funcionarios, y de acuerdo al médico de turno que lo certificó, fue asfixia por un trozo de pan. No obstante, al ser muerte accidental, correspondía una autopsia, la que no se hizo. Tampoco una investigación. Todo es una locura.

Por Cristóbal Cornejo G.

El Ciudadano nº113, primera quincena de noviembre.