¿Intento de soborno al Ministerio de Salud para frenar la Ley Ricarte Soto?

A la espera de que el proyecto de Ley Ricarte Soto sea modificado y aprobado por el Senado, el Ministerio de Salud ha denunciado presiones indebidas por parte de laboratorios farmacéuticos para tratar de frenar la aprobación del proyecto de ley Ricarte Soto antes del próximo 21 de mayo. La duda que surge ante esta información es, ¿no será una especie de truco para urgir a los senadores a aprobar el proyecto sin someterlo a demasiadas modificaciones?

El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, afirmó que un ‘headhunter’, persona encargada de reclutar ejecutivos, realizó un llamado a la principal encargada de la redacción de la iniciativa legal Ricarte Soto, para ofrecerle de parte de una compañía farmacéutica un puesto de gerente, el doble de salario y un automóvil nuevo.

La asesora de Burrows encargada de redactar el proyecto de ley Ricarte Soto se llama Andrea Martones, una abogada especialista en salud que desde el año 2014 trabaja en la elaboración de las bases del proyecto de ley que financiará, según lo previsto, los tratamientos de aquellas enfermedades consideradas de alto coste.

La asesora Martones recibió una llamada de un headhunter, un reclutor de ejecutivos, ofreciéndole la gerencia de un laboratorio farmacéutico de nombre sospechosamente desconocido. Este hecho ha sido recibido por el Ministerio de Salud como un claro caso de presión indebida o intento de soborno.

El objetivo que supuestamente siguen estas presiones es retrasar o frenar la tramitación del proyecto de Ley Ricarte Soto, proyecto que se encuentra en estos momentos en la fase de discusión en el Senado y que, según prevén las autoridades, podría ser aprobado el próximo 21 de mayo.

Recordemos que, tal y como nos comunicaba ayer el senador Guido Guirardi, la Cámara Alta del Parlamento someterá el proyecto de ley a varias modificaciones con el objetivo de eliminar el carácter excluyente y desigual de la ley. El senador afirmó que la Comisión de Salud había recibido a más de veinte organizaciones de pacientes y que ninguna de ellas estaba satisfecha con el proyecto de ley por no dar cobertura a todas las familias que, dramáticamente, necesitan ayuda urgente no sólo para financiar medicamentos, sino todos los gastos que muchas enfermedades conllevan.

Ante las presiones recibidas para tratar de dilatar la aprobación del proyecto, la diputada de Amplitud, Karla Rubilar, espera que esta denuncia emitida por el Ministerio no sea una «cortina de humo» para presionar de alguna forma a los senadores para no someter el proyecto a muchas modificaciones y, así, no demorar su aprobación.

Lee la entrevista al senador Guido Girardi sobre el debate en el Senado del proyecto de Ley Ricarte Soto