Una investigación de la Unión Europea concluyó en 2009 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había recibido presiones de la industria farmacéutica para exagerar los peligros del virus AH1N1.
“En abril, cuando saltó por primera vez la alerta desde México, quedé enormemente sorprendido por las cifras que adelantaba la OMS para justificar la proclamación de una pandemia”, declaró Wolfgang Wodarg, presidente de la comisión de salud del Consejo de Europa. “No se había llegado siquiera a los mil casos cuando ya se hablaba de la pandemia del siglo”.
En julio de ese mismo año, la entonces Subsecretaria de Salud Pública de Bachelet, Jeanette Vega, había caído en el juego: coincidió públicamente con la directora de la OMS, Margaret Chan, respecto a que el virus se trataba del “equivalente epidemiológico de un maremoto mundial”.
Vega viajó personalmente a Washington para sostener un encuentro con los encargados del Fondo Rotatorio Organización Panamericana de la Salud a objeto de coordinar una masiva compra de vacunas.
En 2010, nos enteramos que 900 mil dosis de vacunación contra el AH1N1 permanecían guardadas. Según las estimaciones del gobierno piñerista, el Estado había perdido cerca de 1.200 millones de pesos por gestionar, de manera ineficiente, 21 cámaras frías para almacenar vacunas.
“Cayó la percepción de la gravedad de la influenza, lo que disminuyó la urgencia por vacunarse de la población”, declaró el ministro Jaime Mañalich a El Mostrador.
En 2012, la ex subsecretaria Vega asumió el cargo de ‘managing director’ de la Fundación Rockefeller, conocida por sus “filantrópicas” campañas de inoculación en África y Asia junto a la Fundación Bill & Melinda Gates.
A finales de ese año, cuando surgieron casos aislados de meningitis, la histeria volvió a apoderarse del gobierno. Piñera anunció que invertiría cerca de 62 millones de dólares para costear la compra de vacunas a GlaxoSmithKline (GSK), la misma compañía que a esa fecha estaba siendo acusada en Argentina por experimentar ilegalmente con bebés hasta provocarles la muerte.
Cuatro meses antes del anuncio de Piñera, la segunda multinacional farmacéutica del mundo había sido sancionada por promover el consumo no certificado de antidepresivos, etiquetar fraudulentamente sus medicamentos y emplear fondos públicos para sobornar a médicos.
GSK se mostró nuevamente en febrero de 2014, cuando la doctora María Teresa Valenzuela, cabecilla del Comité Asesor en Vacunas del gobierno piñerista, salió a defender públicamente el uso de timerosal en vacunas. Entre 1997 y 1998, Valenzuela había integrado el comité directivo de la farmacéutica británica SmithKline Beecham, convertida hoy en GSK.
Al mismo tiempo, una declaración del Comité Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología, publicada en septiembre de 2008, enumeraba los “potenciales conflictos de interés” de otros dos miembros del equipo pro-timerosal de Piñera: el doctor Miguel O’Ryan, quien “ha recibido financiamiento de GSK por coordinar estudios clínicos… ha recibido honorarios de GSK como conferencista”, y el infectólogo Rodrigo Vergara, quien “ha recibido financiamiento de GSK para estudios clínicos… ha asistido a congresos o reuniones científicas con auspicio de GSK”.
La amenaza del ébola abre este año un nuevo mercado farmacéutico. La primera opción del gobierno es enfrentar el problema de forma racional. La segunda es ceder nuevamente a la presión de la industria.
Matías Rojas
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