El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha golpeado duro a las Isapres al determinar, esta semana, que los gastos que los prestadores de salud han realizado por concepto de costes ante los tribunales de justicia, la mayoría por aumentos unilaterales de los planes de salud, corresponden a un gasto rechazado porque no constituyen montos atribuibles a su actividad.
Así, las Instituciones de Salud Previsional deberán cumplir con el impuesto que impone el 35% sobre el monto de los gastos donde se incluyen tales costas.
El SII aclaró que las sumas liquidadas por concepto de impuestos al conjunto de las siete empresas del sistema fiscalizadas ascienden a $6.571 millones, las que sumados los reajustes, intereses y multas, alcanzan a $12.647 millones.
La orden del SII agudiza la conocida crisis del sector privado de la salud, que en los últimos años ha registrado una notable baja en sus utilidades que ni siquiera ha podido elevar mediante el aumento de las tarifas.
La noticia llegó apenas un mes después de que el presidente de la Asociación de Isapres Chile, Rafael Caviedes, se la tomara contra los tribunales acusándoles de «permitir» los procesos de judicialización en contra del gremio porque «no les gustó» la reforma que en 2005 impulsó el gobierno de Ricardo Lagos y que estableció un proceso de adecuación de tarifa para las Isapres.
«Los tribunales han interpretado de otra forma esa decisión, considerando que las Isapres no tienen facultades para ajustar sus tarifas y nos vemos enfrentados a un proceso de judicialización que no es por culpa nuestra, no somos responsables del gasto médico, del gasto en licencias médicas, pero sí somos responsables de mantener un servicio de por vida a nuestros beneficiarios», dijo Caviedes en una entrevista a La Tercera.
Además, la campaña de las proveedoras de salud en contra de los tribunales también se basa en que en buena parte son los juicios que los ciudadanos emprenden para evitar las alzas de las tarifas los que están llevando al gremio a la quiebra.
«Eso es una asociación antojadiza que ellos están planteando considerando el retorno que estas empresas han tenido en las inversiones a lo largo del tiempo», asegura a El Ciudadano el director de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, para quien «estamos frente a un llanto que esconde el interés de seguir obteniendo utilidades».
Para él, el oficio del SII sólo «reafirma algo absolutamente normal que es que empresas que obtienen ganancias paguen sus impuestos».
Goyenechea, que también es cientista político y experto en economía de la salud, recuerda el fallo de la Corte Suprema de enero de 2013 que establece que los argumentos que esgrimen las isapres no son suficientes para justificar el alza de precios: «Los precios de los ajustes de las isapres están en UF y, por lo tanto, se reajustan automática y constantemente a partir de la inflación», afirma. Y agrega: «Hablamos de la salud de las personas, un derecho, por lo tanto, la empresa privada no se puede comportar como si éste fuera cualquier tipo de bien».
En la misma línea, el experto califica a la legislación chilena de «antiderechos de salud» porque «castiga a las personas que más necesitan el acceso a la salud y produce una segregación brutal de la población». Y se remite a agosto de 2010, cuando el Tribunal Constitucional señaló que la tabla de factores de riesgo es inconstitucional porque «hace uso de recursos que son públicos».
Sobre el futuro de la reforma de las isapres, el director de Creando Salud carga contra la «incapacidad de la clase política en general» para gestionar la crisis del sistema de salud chileno que, en su opinión, «requiere de un arreglo estructural que va mucho más allá de beneficiar no sólo a los ricos y sanos de las isapres, sino al conjunto de la población«.
Meritxell Freixas
@MeritxellFr
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