Neurobiólogo llama a revisar la política de drogas

El uso de la marihuana no es inocuo y puede causas perjuicios. Entre los efectos colaterales de su consumo está el riesgo de generar dependencia, que puede venir acompañado de síndrome de abstinencia, lo que podría afectar cerca de un diez por ciento de los usuarios; también puede haber daño cognitivo en usuarios crónicos, lo que es considerado algo relevante sobre todo si se trata de adolescentes. También se acusa la disminución del umbral para inducir un brote psicótico, lo que en algunas personas puede precipitar la aparición de un cuadro esquizofrénico, sobre todo con el uso de variedades con alto índice de THC.

Sin embargo, al contrario de diversos otros fármacos libres de prescripción, el consumo de cannabis, incluso en exceso, nunca mató a nadie. Es importante destacar que más allá de los posibles eventos adversos, la planta presenta un amplio potencial terapéutico para una diversidad de enfermedades, tales como algunos tipos de epilepsia, el glaucoma ocular o como antiemético en quimioterapia o uso de retrovirales. Pese a que puedan aparecer consecuencias negativas relacionadas con el consumo de drogas, hay un entendimiento de que las políticas que convierten las sustancias en ilícitas causan mayores daños a los usuarios y a la sociedad (3).

Investigadores de importantes centros de pesquisa, como la Universidad McGill y John Hopkins; periódicos como British Medical Journal y Lancet se han preocupado del cannabis últimamente y han clamado por la reforma de la actual política de drogas (1,4,5). Dichos estudios muestran que los costos de prohibir las drogas aumentan mientras la demanda permanece estable o, incluso, aumenta. Es decir, la prohibición no consiguió disminuir la producción, distribución y uso de sustancias declaradas ilícitas. Y mucho menos los problemas directamente relacionados al consumo de éstas. Sólo se ha convertido este comercio, potencialmente dañino, más peligroso y oneroso para la salud pública. Usuarios vienen siendo encarcelados o afectados por problemas legales. Se estima que un 10% de los usuarios pueden ser presos por tráfico a lo largo de la vida.

En Brasil, después de la Ley 11.343/2006 que supuestamente acabó con punir con prisión a los usuarios, ocurrió un aumento exponencial de crímenes relacionados a las drogas (6). Uno de cada cuatro presos en Brasil están presos por ley de drogas. En el mismo periodo la población carcelaria femenina aumentó en 567%. Dos de cada 3 presas mujeres lo están por tráfico (6).

Otro efecto colateral grave de las leyes prohibicionistas es la violencia relacionada con la producción y distribución de ciertas plantas o sustancias. La premisa de un mundo libre de drogas viene encarcelando y matando hace décadas. México, Filipinas y Brasil, entre varios otros países, usan políticas de represión ostensiva para lidiar con el asunto. Mientras tanto, la proporción de usuarios problemáticos es pequeña, el número de personas muertas en esta guerra crece exponencialmente a partir de las leyes de coerción.

Cuando los médicos decían que la marihuana mata neuronas

Hay una semejanza aterradora cuando se evalúa el perfil de personas perseguidas por estas leyes. Existe una selectividad punitiva que acaba afectando a jóvenes, negros y pobres. Estudios vienen demostrando que la mayoría de los presos o muertos por tráfico no tenían asociación con organizaciones criminales, no estaban armados y portaban una cantidad pequeña de drogas (7,8,9). En suma, la política prohibicionista viene siendo aplicada como una ley discriminatoria contra etnias no blancas y de bajo potencial económico. Ese mercado paralelo, por lo demás bastante rentable, es ilusorio como forma de ascensión social. Raros son los casos de personas que se enriquecen por cuenta de la venta de drogas al menudeo. Quien lucra de hecho con este comercio no sufre las consecuencias de la guerra a las drogas. La prohibición hace que las voluminosas ganancias del consumo sean monopolizados por empresarios, políticos y banqueros que recaudan el grueso del dinero de la inflación provocada por el tránsito de sustancias de origen prohibido de su local de origen al consumidor final. Este selecto grupo lava dinero sin grandes interferencias, manteniéndose blindados al derramamiento de sangre. Hay un desperdicio de recursos públicos en políticas que hieren los derechos humanos y no impiden el comercio ilegal de drogas, imposibilitan que estos recursos sean destinados a políticas de información y prevención, reducción de daños y de atención a los usuarios con problemas (10,11). Sólo estos breves argumentos tornan necesaria la revisión de estas políticas.

El discurso médico de que las drogas ilícitas provocan vicio y por eso están prohibidas, sustenta la actual estrategia para lidiar con algunas sustancias potencialmente dañinas. La prohibición que argumenta proteger la salud pública, paradójicamente, es la política que viola el bien jurídico protegido de la manera más perversa. Por ejemplo, el número de individuos que desarrollan dependencia al cannabis es mucho menor a otros comportamientos humanos, como la ingestión de alimentos, de drogas legales como el alcohol, el tabaco, las benzodiazepinas, las anfetaminas y los opioides (12). No vemos interés de los estados en prohibir a las personas ingerir alimentos hipercalóricos, pese a que sabemos el riesgo de costos para los cofres públicos por efecto de ese comportamiento.

La relación entre el consumo de cannabis y la esquizofrenia también es una controversia. El tamaño del efecto es pequeño. Se estima que de 9 mil usuarios deberían parar de fumar marihuana para prevenir un único caso de potencial esquizofrenia (13).

En Brasil, grupos de médicos asociados a equipos multidisciplinarios vienen pidiendo al gobierno que reformen las leyes de drogas. En 2016 el Consejo Regional de Medicina de São Paulo emitió un tímido parecer favorable a la descriminalización del porte de drogas para consumo personal (14). La principal institución de investigación en salud en Brasil Fiocruz, tras conocer la experiencia de pacientes usuarios de cannabis medicinal, constituyó un grupo de trabajo para producir un medicamento de fitoterapia para la epilepsia refractaria y organizar la forma de distribución a través del Sistema Único de Saúde (SUS). Es tiempo de cambios y la comunidad científica está de a poco saliendo de los prejuicios de antaño y aceptando las potencialidades del cannabis medicinal y el nefasto daño provocado por la guerra a las drogas.

Renato Filev

Neurobiólogo

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

REFERENCIAS:

1- Leyton M (2016). Legalizing marijuana J Psychiatry Neurosci; 41(2).

2- Pacher P, Kunos G. (2 013). Modulating the endocannabinoid system in human health and disease – successes and failures. FEBS J.;280(9):1918-43.

3- Nadelmann EA, Drug Prohibition in the United States: Costs, Consequences, and Alternatives, 5 Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol’y 783 (2014).

4- Csete J, Kamarulzaman A, Kazatchkine M, Altice F, Balicki M, Buxton J, Cepeda J, Comfort M, Goosby E, Goulão J, Hart C, Kerr T, Lajous AM, Lewis S, Martin N, Mejía D, Camacho A, Mathieson D, Obot I, Ogunrombi A, Sherman S, Stone J, Vallath N, Vickerman P, Zábransk T Beyrer C. (2016). Public health and international drug policy. Lancet. 387(10026):1427-80.

5- Editorials. The war on drugs has failed: doctors should lead calls for drug policy reform. British Medical Journal, noviembre, 2016, 355.

6- Infopen, junio 2014.

7- Boiteux L (Coord) (2009). Relatório de Pesquisa “Tráfico de Drogas e Constituição”. Universidade Federal do Rio de Janeiro/Universidade de Brasília. Rio de Janeiro/Brasília. Série Pensando o Direito.

8- Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Prisão Provisória e Lei de Drogas – Um estudo sobre os flagrantes de tráfico de drogas na cidade de São Paulo. São Paulo: NEVUSP, 2011.

9- GOMES, MTU. (2014). Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba.

10- Miron JA. (2010). The Budgetary Implications of Drug Prohibition. Cambridge: Department of Economics; pp. 1-39.

11- Rolles S, Murkin G, Powell M, Kushlick D, Saunter N, Slater J. (2016). The Alternative World Drug Report, 2nd edition. Transform Drug Policy Foundation.

12- Lopez-Quintero C, Pérez de los Cobos J, Hasin DS, Okuda M, Wang S, Grant BF, Blanco C. (2011). Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drug Alcohol Depend.;115(1-2):120-30.

13- Hickman M, Vickerman P, Macleod J, et al. If cannabis caused schizophrenia — How many cannabis users may need to be prevented in order to prevent one case of schizophrenia? England and Wales calculations. Addiction. 2009;104:1856–61.

14- Cremesp apoia descriminalização do porte de C. sativa para uso próprio