Como parte de una estrategia para hacer frente a la obesidad en Chile, especialmente en los estratos socioeconómicos bajos, un grupo de académicos de las universidades de Chile, Católica y Adolfo Ibáñez realizaron un estudio interdisciplinario encargado por el gobierno de Michelle Bachelet, cuyos resultados fueron entregados recientemente. Su principal propuesta es gravar los alimentos con nutrientes dañinos para la salud.
En la práctica, esto se traduciría en multiplicar por $1,9 cada gramo de azúcar que contenga un alimento, por $31 cada gramo de grasa y por $23 cada gramo de sodio, y al total agregarle el IVA, según arrojó como propuesta el estudio Evaluación y Aplicación de Impuestos a los Alimentos con Nutrientes Dañinos para la Salud en Chile.
Los académicos apuestan por su aplicación como parte de una serie de acciones para combatir la epidemia en que se ha convertido la obesidad en Chile y disminuir las cifras, que en la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 mostraron, por ejemplo, que el 74 por ciento de la población tiene exceso de peso y el 3,2 por ciento viviría con obesidad mórbida.
De acuerdo a la propuesta de la investigación, aplicando el mencionado impuesto un kilo de vienesas que hoy ronda los 2 mil pesos pasaría a costar cerca de 10 mil, y una mayonesa de 800 gramos que hoy cuesta alrededor de $1.800 llegaría a costar casi $4 mil.
«Tuvimos que ser capaces de diferenciar qué porcentaje de obesidad son prevenibles, si es que modificáramos los patrones alimentarios de la población, y a partir de esa estimación, establecer cuál sería el tamaño de un impuesto necesario para poder reducir el consumo que genera impacto negativo», explicó Cristóbal Cuadrado, académico de la Universidad de Chile.
En este mismo sentido, la doctora de esa casa de estudios, Camila Corvalán, enfatizó en que «la medida en relación a gravar tiene que ver con tratar de disminuir externalidades negativas en relación a algunos eventos. Y un ejemplo súper claro es el que pasa en salud, en relación a la dieta súper poco saludable».
«El precio que los consumidores pagan por esos alimentos no está considerando hoy las consecuencias que tiene para la salud que pagamos entre todos. Eso se llama externalidad. Con este impuesto se pagaría el gasto en salud, y las pensiones de invalidez que se producen por enfermedades prematuras», concluyó el doctor Cuadrado.
El investigador detalló además que «en todos los países donde se han aplicado impuestos o modificaciones de precios a los alimentos, como México, Dinamarca y Hungría, esto generó modificaciones en el consumo de las personas».
Finalmente, los académicos recalcaron la relevancia de que este estudio sea considerado por las nuevas autoridades y genere decisiones políticas. Para ellos, como comentó la profesora Corvalán, es claro que «la prevalencia sobre el 75 por ciento de exceso de peso a nivel nacional en adultos, o de más del 50 por ciento en niños de primero básico, el hecho de que las dietas poco saludables sean la primera causa de discapacidad y muertes prematuras en Chile, hacen que un tema como este sea un tema de la agenda política de cualquier gobierno, independiente de su orientación».
En ese sentido, agregó que «de esto deberíamos estar hablando en salud y haciendo las acciones necesarias para generar un paquete de acciones que van a lograr que en el largo plazo se detenga esta epidemia de obesidad que vivimos».
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