A propósito del fabuloso y feliz rescate de los 33 mineros en Copiapó, Sebastián Piñera anunció un llamado Nuevo Trato con los trabajadores del país en materia, sobre todo, de salud laboral y accidentabilidad. Sin embargo, hasta la fecha no existen medidas concretas al respecto, salvo el rimbombante titular presidencial. Lo que sí abunda son los atropellos y abusos del empresariado con feroces consecuencias para la salud y vida de los asalariados.
“La mayoría de los conductores del Transantiago sufre de estrés laboral y depresión. Hay choferes que manejan bajo el consumo de psicotrópicos. Muchos trabajadores son agredidos y no pasan a la mutual. Como la frecuencia del transporte es irregular, se junta mucha gente en las paradas y los usuarios descargan su ira contra los conductores que son la cara visible del sistema, cuando la programación de las rutas y su recurrencia es una decisión del empresario”, relata Fernando González, presidente de la Federación Nacional Unión de Trabajadores del Transporte que agrupa en su mayoría a trabajadores del Transantiago; exactamente a 5 empresas de las 10 de la industria. Se trata de la zona H, la Milenium (máquinas verdes), Transaraucaria (color naranja), Alsacia (línea 100), y Express (línea 400).
Fernando González añade que “aquí funciona el terrorismo laboral contra nosotros. Legalmente nos correspondería trabajar 7,5 horas diarias, y tener un descanso a las 4 horas, de acuerdo al artículo 26 del Código del Trabajo. Sin embargo, cuando hay recorridos que son circunvalaciones y el chofer llega al terminal, y no hay relevo, es obligado a seguir conduciendo sin pausa. Es decir, pasan hasta 6 horas continuas sin bajarse del bus, sin siquiera ir al baño. Por eso muchos conductores trabajan con pañales. A la empresa Express de Santiago, por ejemplo, le hemos interpuesto demandas sólo para que cumpla lo estipulado en la ley. Además, como no nos pagan las horas extras, se ahorran o ganan 6 millones de dólares más sólo por este concepto.”
Un chofer del Transantiago es pasado a buscar por una band a su casa alrededor de las 02:30 horas de la madrugada, para recién empezar a conducir a las 06:00 horas. El trabajador llega a la “bodega” a las 04:00 horas, lo que es contabilizado por el empleador como “tiempo pasivo” a cargo del trabajador. Normalmente hace hasta tres recorridos, para recién a la 10:00 horas, pasar por primera vez al baño. Después el funcionario da una vuelta más y termina a las 16:00 horas. Es decir han transcurrido 12 horas desde que fue recogido a su hogar por la empresa. Esto ocurre 6 días a la semana.
“La salud mental de los trabajadores es pésima”, sentencia González y agrega que “cuando trabajábamos en las micros amarillas uno llegaba al paradero y todos los choferes compartían, teníamos muy buenas relaciones y había un buen ambiente. Se comía bien y se nos pagaba bien. Hoy uno llega a un depósito y la gente está sentada, no hay conversación, todos están amargados. Hay muchos conductores con familias destruidas producto de las largas jornadas, los controles excesivos, las presiones, casi todos los días hay choques, y por el hecho de haber ganado $800 mil pesos mensuales o más antes y ahora percibir menos de la mitad. En el último tiempo se han ahorcado tres conductores.”
EN EL CAMPO
Alicia Muñoz es la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri, y dice que “lamentablemente cada año, más que evaluar avances, continuamos sumando víctimas producto de las condiciones en las que trabajamos, no solamente las mujeres de la agro exportación, las trabajadoras del campo, los trabajadores del campo y la ciudad, los mineros. Cada temporada debemos lamentar la muerte o accidentes graves, que pudieron ser prevenidos, si los empresarios con sus gigantescas ganancias, hubiesen invertido en mejorar las condiciones de seguridad”.
Según las últimas investigaciones del Centro de Estudios de la Mujer (Cedem), las condiciones en que se realiza el trabajo asalariado agrícola, en particular de las mujeres, está ligado directamente a la calidad de vida y la salud, por tanto, los factores de riesgos “no sólo son físicos, ambientales o químicos, sino que están vinculados a la forma que adquiere la contratación de la fuerza de trabajo”.
La principal representante de Anamuri lamenta que “Sigue siendo normal aplicar plaguicidas estando las y los trabajadores en los huertos; no respetar los períodos de reingreso, y el criterio de la ganancia prima por sobre la vida y la salud de las trabajadoras”. En ese contexto, Alicia Muñoz relata el caso de “Cecilia Ortiz, trabajadora agrícola de la región de Atacama, quien sufrió un grave accidente con resultado de pérdida de vida. Y hasta el momento, la empresa “ La Ruta ” de Copiapó sigue negando tener cualquier responsabilidad en su muerte, pese al informe forense. El caso continúa en los tribunales de justicia, y hasta ahora no existe ningún pronunciamiento”.
Casos como “el de Cecilia, de Victoria en Talca, Cristiana en la Novena” se convierten en cifras que siempre quedan en lo oscuro, incluso cuando en la región del Maule, en la temporada 2009 se constataron “más de 50 accidentes con consecuencias fatales o sea 50 pérdidas de vidas humanas y más de 130 lesionados gravemente. En la actualidad, van a la fecha 94 accidentes, por accidentes laborales en esta Región, quedando los y las trabajadoras en la más absoluta indefensión”, concluye Alicia Muñoz.
EN EL MAR
“El Presidente Sebastián Piñera ha planteado la necesidad de un nuevo trato para los trabajadores de nuestro país. Es de esperar que no sólo sean buenas intenciones, sino más bien sirva para colocarse a la altura del desarrollo productivo que ha alcanzado nuestra patria y la retribución y redistribución justa para los trabajadores de nuestro pueblo”, manifiesta el máximo dirigente de la Confederación de la Gente del Mar (Congemar), Jorge Bustos.
El dirigente señala que en la industria donde se desempeña “carece de regulación en la competencia y para qué decir de la relación capital-trabajo, es decir tipos de contrato, donde producto de la falta de regulación se cometen atropellos, todos ellos denunciados a cuanta autoridad hemos podido, así como también a los representantes de los partidos políticos”.
Jorge Bustos afirma respecto de las autoridades que “no pueden decir que no saben que nuestros representados con suerte tendrán pensiones solidarias, pues carecen de continuidad y densidad previsional. No pueden decir que no saben que el artículo 142 del código laboral autoriza un contrato que no es contrato y que no tiene validez jurídica”.
Sobre el ámbito de la salud laboral del sector, Bustos informa que cuentan “dos muertos anuales, aplastados por 35 toneladas varias veces; decapitados en cubierta; atropellados en los puertos. Es el costo del estrés por la mayor producción en el turno, por la reducida mano de obra, con el único fin de mejorar las ganancias de la empresa. Es impresentable que esto siga siendo aceptado, considerando la promesa última que hiciera el Presidente, a propósito de las inhumanas condiciones de seguridad de nuestros hermanos mineros.”
EN LA MINA
Eduardo Rocco es vicepresidente de la Federación Minera de Chile que reúne a los sindicatos del sector privado de la materia prima cardinal del país. El dirigente explica en relación a la accidentabilidad y salud laboral de los trabajadores mineros que “el 6 de septiembre pasado pedimos una entrevista con el presidente Piñera. Sin embargo, el Gobierno sólo se ha limitado a responder con una carta por intermedio de sus asesores, sin pronunciarse sobre lo medular. Interpretamos esto como simple ausencia de voluntad política para recibirnos.”
Rocco estima lamentable que, en cambio, “sí se generen los espacios para los empresarios que son los menos y no se abra un espacio de participación para los trabajadores que somos la mayoría. Es claramente un indicador de que si hoy se pretenden generar cambios para mejorar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores, ellos se construirán sin la participación activa nuestra. Es decir, seguirán con su ideas de ‘Trabajar para la gente, pero sin la gente’”.
Respecto de la accidentabilidad, el representante minero comunica que “tenemos 18 fallecidos en lo que va corrido del año 2010. Gran parte de ellos en la pequeña y mediana explotación, donde las condiciones de seguridad son inferiores en relación a los sectores de mayor producción”.
Interesante resulta la relación que establece Eduardo Rocco entre productividad y accidentabilidad laboral cuando ilustra que “uno de los factores que detonan el crecimiento de los accidentes, está íntimamente relacionado con el alza del precio del cobre, donde el rubro en general eleva su producción para lograr un mejor negocio, lo que afecta directamente a la seguridad.”
Por otra parte, el dirigente afirma que “sobre las jornadas laborales en gran parte de la industria minera fueron autorizadas las 12 horas de trabajo, lo que impacta con un 50% de recarga de trabajo, un 50% de mayores posibilidades de accidentes del trabajo, un desarrollo en menor tiempo de enfermedades profesionales o laborales y una disminución de vida útil laboral evidente con respecto a las empresas con jornadas de 8 horas que es la que tienen los países desarrollados.”
Asimismo, Rocco aclara que “los índices de accidentabilidad aparentemente bajos, son en parte, producto de un excesivo ‘celo’ con los accidentes, ya que aquellos que llegan a tener atención en las mutualidades son los casos más graves, pero existen otros menos graves que terminan siendo incidentes con tratamiento médico y posteriormente con trabajos restringidos para evitar que estos lleguen a considerarse como tiempo perdido. Lo más importante para algunas empresas es conservar un índice bajo de accidentabilidad. Ello les permite por un lado, reducir o conservar los valores de la prima y por otro, generar una imagen de producción limpia”. Suma que “de hecho existen reconocimientos a nivel nacional para aquellas empresas que logren obtener ‘excelencia en seguridad’. Lo preocupante de ello, es que por un tema de ‘imagen empresa’ o un ahorro visible en el pago de prima, estos reconocimientos se han transformado en incentivos perversos y en un círculo vicioso donde los más perjudicados son los trabajadores y sus familias, ya que si no existe registro en la mutualidad y aparecen secuelas de este ‘incidente’, se considera para todo efecto como enfermedad común y es de costo del trabajador su tratamiento a futuro. Las enfermedades producto del trabajo son raras. Por ejemplo, un trabajador podrá salir de la empresa con tuberculosis, pero en muy pocos casos por silicosis, aunque años después se compruebe que era esto último lo que sufría.”
Finalmente, Rocco señala que “toda vez que aparecen casos de afectados con secuelas de salud, son considerados improductivos y despedidos por exceso de licencias médicas. Con respecto a esto último, aparece un fenómeno llamado “presentismo”. Se trata de mineros que se presentan a trabajar en un estado de salud precario, con tal de no presentar licencias médicas, perjudicando aún más su salud y potenciando la
accidentabilidad.”
NO SE CUMPLE NI SIQUIERA LA LEY
El presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Manuel Ahumada, en cuya organización se constelan sindicatos principalmente del sector servicios, reconoce que “en el trabajo sindical tenemos claro que el principal capital de la organización es el trabajador. Un trabajador será más activo, participativo y comprometido con su organización en la medida que su entorno laboral sea adecuado, que sus aspiraciones económico- sociales vayan siendo satisfechas, que se encuentre protegido contra los imponderables que pudieran afectarlo durante el desarrollo de su trabajo”, y sobre el denominado Nuevo Trato –que todavía no presenta sus medidas concretas- gatillado por el caso de los 33 mineros rescatados de la mina San José, dice que “pareciera que nunca antes hubo accidentes de esta magnitud, nunca antes los patrones violaron la ley de la forma que aparece denunciado y nunca antes los organismos encargados de fiscalizar habían hecho mal su trabajo. Desde ahora, partiendo por el Gobierno y el Parlamento, todos están preocupados de la seguridad laboral ignorando que esta no es posible de cambiar para mejor, si no se cumple con una serie de elementos básicos que son obligación de la sociedad”.
Ahumada asegura que toda la accidentabilidad y sus consecuencias se miden por informaciones oficiales, ya sea del Gobierno o de las mutuales. Por eso el presidente de la CGT propone “crear equipos que profundicen sobre este problema en las organizaciones y generar un instrumento que las transforme en estadísticas para conocimiento de la población”.
Desde otro lugar, el Doctor Manuel Parra, especialista en el tema y que ha desarrollado trabajos para la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en Chile, expresa los ejes de la salud en el trabajo, definiendo que “ la salud laboral se preocupa de la búsqueda del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la realización del trabajo como en las consecuencias de éste, en todos los planos, físico, mental y social” y añade que “el nivel de salud laboral posible de alcanzar en un momento determinado va a depender en gran medida de otras situaciones dentro de la sociedad: el nivel de empleo y desempleo, las condiciones de vivienda, la disponibilidad de infraestructura de transporte, el acceso a la educación y a la salud, las instituciones promotoras de la salud y las instituciones fiscalizadoras, el grado de organización sindical, entre otros aspectos”.
Parra enfatiza que “la historia del trabajo muestra ejemplos de cómo a veces la principal medida para mejorar la salud de un grupo de trabajadores ha sido un aumento de sus remuneraciones, la prohibición de un material peligroso o un cambio favorable en la jornada de trabajo. Lamentablemente también abundan los ejemplos de medidas que, tomadas con una finalidad económica, terminan por afectar negativamente la salud de los trabajadores”.
Es decir, la salud laboral y niveles de accidentabilidad están determinados por el desarrollo de un país, por relaciones sociales distintas a la búsqueda incesante del lucro y la explotación humana. Eso es hablar, definitivamente, de otro Chile.
Por Andrés Figueroa Cornejo
El Ciudadano
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