Esta mañana, el senador Alejandro Navarro (MAS) acudió a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Región Metropolitana, para poner en conocimiento la ratificación de una denuncia criminal presentada el 6 de agosto de 2015, por los delitos de fraude al fisco, estafa residual y obtención fraudulenta de prestaciones estatales. La acción se encuadra en una investigación al mercado de las mutuales, porque a juicio de senador, el Fisco pagaría por accidentes laborales que debiesen ser cargo de las mutuales de seguridad.
«Le hemos exigido al gobierno una revisión de la ley 16.744 (sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales) y esto ha sido postergado. No ha habido voluntad política de entrar al tema de fondo, porque digámoslo francamente, las mutuales ejercen un lobby gigantesco en el gobierno y en el sector político», sostuvo el senador por la Región del Bío-Bío.
La denuncia señala que las mutuales están rechazando licencias médicas por enfermedades profesionales o accidentes del trabajo y que éstas terminan siendo asumidas por el sistema público de salud, tramitándolas como enfermedades comunes. Navarro cifra en más de 90 mil millones de pesos los que debe pagar Fonasa por esta situación.
“Si estos 90 mil millones de pesos fueran destinados a brindar atención, podríamos rebajar la listas de espera en un 35%. Por tanto, yo espero que el gobierno esté trabajando un proyecto de ley de modificación de la ley 16.744, para regular más aun las mutuales», comentó.
El documento apunta a “incentivos perversos”, que originan este mecanismo, puesto que si un accidente no es calificado como laboral, disminuye la tasa de accidentabilidad de la empresa, quedando como menos riesgosa. Esta condición, permite que la prima, que cobra la mutual al empleador, mantenga su valor.
El parlamentario acotó su denuncia a datos de 2014, cuando se tramitaron 4,3 millones de licencias médicas. De estas, el 71% pertenecieron a Fonasa y el otro 29% a Isapres.
Por otro lado, el congresista adujo a la exposición de la doctora Jeanette Vega, directora nacional del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las mutualidades, en enero de este año. En la instancia, Vega acusó la existencia de un subdiagnóstico de las enfermedades profesionales.
“Un 74% de los trabajadores del país que tienen derecho a Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) se encuentra afiliado a Fonasa. Un 84% de los trabajadores protegidos por el seguro de la ley pertenece a empresas adheridas a las mutualidades. Y, entonces, la pregunta es: ¿Si el 84% de los trabajadores está protegido por la ley, por qué entonces el sistema público está atendiendo a estos trabajadores, mayoritariamente en el caso de accidentes y de enfermedades? Lo que uno esperaría es que el 84% de estos trabajadores fuera atendido por la mutuales para el caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales», señaló a principios de año.
¿Mutuales sin fines de lucro?
Otra arista de la denuncia presentada por Navarro apunta a investigar si las mutuales cumplen con la ley 16.744, que dice que no deben perseguir fines de lucro. El senador fundamenta sus afirmaciones en un reportaje de Ciper de 2011, que reveló la estructura de negocios de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), entidad que participa en al menos 103 sociedades anónimas.
De acuerdo al parlamentario, las mutuales “han ideado un mecanismo para externalizar servicios a través de un número importante de empresas, entre ellas dos que la propia ACHS es propietaria. Al igual que las universidades privadas, que tenían sociedades espejo, están cometiendo un segundo fraude, al sacar recursos a través de empresas relacionadas. Este es el caso de Esachs S.A., cuyo 99% es propiedad de ACHS y CEM HTS, con un 99.99%. Es decir, se venden servicios a sí mismas, en circunstancias que la ley prohíbe el lucro».
Alejandro Navarro explicó que a través de este procedimiento, las mutuales han aumentado sus ganancias hasta en un 154%, además de “generar una capacidad ociosa de sus dependencias, para brindar atención al sector privado”.
«El mecanismo de despeje para tener capacidad disponible es el rechazo de los accidentes del trabajo, traspasándoselo a Fonasa. Estamos hablando de 7 de cada 10 licencias y del rechazo del 91% de las enfermedades profesionales», puntualizó.
Lee la denuncia del Senador Navarro by El Ciudadano on Scribd
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