Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) ―la mayor en el país―, la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico se declararon esta semana en estado de emergencia ante el maltrato de género al que han estado expuestas durante años.
Las alumnas manifiestan que “la violencia persistente e histórica” contra las mujeres en los campus y la “negligencia” de las autoridades en el manejo de estos casos es alarmante.
Dichas denuncias, un total de 150, salen a luz con la etiqueta “ Me pasó en la UCR”, que nació tras una reunión privada en la que las universitarias se desahogaron y empezaron a abrirse sobre lo que sentían.
Las alarmas se encendieron tras meses recopilando denuncias de toda tipo, vía redes sociales, y mayoritariamente de forma anónima bajo etiquetas como “Me pasó en la UCR” o “Me pasó en la UNA”.
En declaraciones a BBC Mundo, Elyana Quimbayo, de 22 años y estudiante de Derecho, señaló: “en cuestión de un día, recibimos una cantidad enorme de denuncias anónimas… de acoso, violencia sexual, entre otras cosas. Nos horrorizamos y decidimos hacer algo”.
Según Quimbayo, luego de conocer todos los casos de las estudiantes de su universidad, entablaron comunicación con las chicas de la UNA y las del Tecnológico; de esta manera corroboraron que en todas las universidades pasan casos.
El colectivo de Quimbayo recibió innumerables denuncias de estudiantes que nombran a un mismo catedrático de la UCR y aseguran que éste, que imparte clases en Estudios Generales, las obligó a ver pornografía y les dijo que las aprobaría si salían con él.
Iniciativa sin precedentes
Las autoridades de la UCR y la UNA aplauden la gestión de estas activistas y estudiantes que tuvieron el valor de levantarse contra el acoso y el hostigamiento sexual, un problema “sistemático y estructural”.
Según el Instituto Nacional de la Mujeres (Inamu) los casos son distintos en cada casa de estudios, pero es la UCR la que cuenta con el mecanismo “menos apropiado” para atajar la situación.
Sanciones y los reglamentos
Costa Rica promulgó en 1995 una ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, lo que obligó a todas las instituciones y lugares de trabajo a tener reglamentos propios y garantizar procesos de sanción.
En el caso de la UCR, se creó la Comisión contra el Hostigamiento Sexual y en los últimos cuatro años, este ente registró 18 casos de personas sancionadas.
En 2018, se presentaron 17 denuncias, según las autoridades. Sin embargo, el grupo critica duramente los vacíos que hay en la normativa de la UCR y el procedimiento.
Sobre todo aluden a las penas estipuladas (8 días de suspensión como máximo para un profesor por falta grave) o el largo período que toma el proceso (hasta dos años).
Desde la Universidad Nacional del país, las estudiantes del colectivo “Me pasó en la UNA” consideran que hace falta endurecer las sanciones, agilizar el proceso o dar a conocer los nombres y cargos de las personas que hayan sido sancionadas.
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