Un grupo de vecinos exaltados actuaron movidos por la ira en la localidad de Caranavi, en el norte de La Paz, capital de Bolivia y persiguieron a una mujer y a sus dos hijos tras confundirlos con una banda de ladrones de autos.
Después de capturarlos la turba se unió para golpear a las tres personas como forma de castigo por los supuestos delitos cometidos. Ataron a la mujer y a sus dos hijos a un “palo santo”, un árbol conocido por servir como hogar de cientos de hormigas venenosas.
Policías de la región acudieron al lugar para rescatar a las víctimas de la tortura. La mujer falleció poco tiempo después en un hospital de La Paz, en donde aún se encuentran hospitalizados sus dos hijos.
La policía interrogó a los sobrevivientes y ambos negaron ser ladrones; coincidieron en que se encontraban en esa localidad para ir a cobrar deudas. Ninguno de ellos ni su madre tienen antecedentes penales.
Los hechos ocurrieron el sábado 31 de diciembre del 2016, sin embargo salieron a las luz este jueves después de que Roxana Bustillos, abogada de la familia atacada, ofreciera una conferencia de prensa ante medios locales.
“La mujer murió por una broncoaspiración debido a que las hormigas picaron su tráquea, lo que le provocó una inflamación que le impidió respirar”, declaró Bustillos.
Agregó que estos hechos fueron actos de “barbarie” que reflejan la falta de valores humanos y la falta de respeto a los derechos y garantías constitucionales.
Sus palabras fueron respaldadas por el coronel Günter Agudo, comandante de la policía de Caravani en entrevista para AP.
Además mencionó que la mujer tenía 42 años y sus hijos son mayores de edad. El comandante no reveló la identidad de las víctimas debido a una petición de la abogada.
Los dos sobrevivientes se encuentran hospitalizados en recuperación de la heridas que sufrieron, pero sus vidas no corren peligro. Ambos son mayores de edad.
Casos castigos como éste son relativamente habituales en el área rural y algunos barrios de Bolivia. Según datos de la Defensoría del Pueblo de ese país, en 2015 se produjeron 32 intentos de linchamiento, de los que 5 terminaron en la muerte de los acusados.
Las personas que cometen este tipo de linchamientos justifican sus actos en la “justicia comunitaria”, la cual está reconocida en la Constitución boliviana de 2009. No obstante, las autoridades han explicado varias veces que ese sistema judicial no admite castigos brutales ni los asesinatos.