Alcalde de Brasil busca prohibir contenido homosexual en textos escolares

El alcalde del municipio de Ariquemes, el tercer municipio más grande de Brasil, presentó una propuesta para borrar toda referencia a la diversidad sexual en libros de textos gratuitos para la educación básica, en un gesto que francamente podríamos calificar de medieval o híper conservador.

El edil, Thiago Flores, ante la polémica desatada entre los activistas LGBT y defensores de los derechos humanos, se defendió declarando que ese tipo de contenidos deben ser abordados por los padres de familia y no por los profesores en una institución educativa. Declaró además que la eliminación de este material era una medida para frenar la “ideología de género”  y prevenir “mayores daños en el aprendizaje de los estudiantes”.

No contento con esto, agregó: “No me arrepiento de esta actitud. Fui guiado por la voluntad de los ariquemenses. La cuestión fue discutida ampliamente por las personas que pidieron la retirada de contenidos acerca de la diversidad de la familia, tales como el matrimonio y la adopción de niños por homosexuales en libros de texto de educación primaria”.

La resolución del alcalde causó división en la población, entre quienes la encuentran una medida necesaria, y quienes afirman que es un acto retrogrado que además viola los derechos de las personas LGBT.

Por su parte, el Ministerio Público de Rondania, unidad federativa en la que se encuentra el Ariquemes, advirtió que Flores puede ser inhabilitado de su mandato debido a que ese tipo de decisiones “diseminan el odio contra los homosexuales” y desvían el fundamento constitucional de promoción de la igualdad y de lucha contra los prejuicios:

“Tales actos causan prejuicios para los alumnos, sus padres y profesores, quienes se ven en medio de un verdadero proceso inquisitorial medieval, que va a contracorriente de toda la literatura pedagógica que busca esclarecer y preparar a los jóvenes para la sociedad actual, sin cualquier prejuicio”, señaló el ministerio.

La medida ejecutiva será sometida a análisis por el Congreso local y hasta el próximo 2 de febrero se emitirá una resolución.