El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció esta semana la aplicación del artículo 148 de la Carta Magna, por medio del cual está facultado –en casos de conmoción nacional– para llamar a elecciones presidenciales y legislativas, lo que significa una especie de ‘tabula rasa’ en la institucionalidad de país.
De esta manera, en los próximos comicios elegirán a la totalidad de asambleístas del Legislativo y a un nuevo presidente de la República, explica el sociólogo y analista político Ociel Alí López en un artículo de opinión para RT.
Esta decisión presidencial puede parecer una jugada suicida, en tanto Lasso, su partido Creo y sus aliados (incluyendo quienes le han retirado el apoyo recientemente) se encuentran en su peor momento político, al tiempo que parecen más que evidentes las probabilidades de triunfo para la izquierda o el progresismo, que vienen de arrasar en los comicios seccionales de febrero de este año.
Por esto último, para conocer la racionalidad de los protagonismos políticos, habrá que responder qué gana Lasso con esa decisión. Sobre todo cuando el otro escenario que se manejaba era la posibilidad que se concretara el juicio político abierto por la Asamblea Nacional y que, de proceder, suponía la destitución del mandatario. Bajo esa vía, además, se permitía el ascenso del actual vicepresidente Alfredo Borrero, quien venía de realizar en abril un largo viaje de diez días por Washington. Sin embargo, la crisis se zanjó de otra manera.
¿Qué gana Lasso?
Aunque se cortará un mandato que terminaba en 2025, la decisión de pedir la convocatoria de elecciones al Consejo Nacional Electoral (CNE) le permitirá al actual presidente tener un margen de maniobra de tres meses para que se convoquen a nuevos comicios. En ese plazo, Lasso podría intentar cambiar la correlación de fuerzas y ganar algo de legitimidad.
Esa decisión también le facilita el reordenamiento de las fuerzas de la derecha para superar la crisis de gobernabilidad que sufre cada vez con mayor ahínco.
Además, por ser el evento presidencial ecuatoriano un proceso que permite la segunda vuelta, el lapso de estancia de Lasso en el gobierno podría prolongarse en medio de tácticas dilatorias.
Esa decisión también le facilita el reordenamiento de las fuerzas de la derecha para superar la crisis de gobernabilidad que sufre cada vez con mayor ahínco.
También se abre otro escenario, puesto que Lasso podría ser nuevamente candidato y con ello, o bien ganar debido a la división del progresismo, o perder en un escenario electoral para no ser «sacado por la puerta de atrás».
Tal como explicó para justificar la aplicación de la «muerte cruzada», Lasso podrá gobernar sin el contrapeso que estaba efectuando la Asamblea Nacional hasta que llegue la fecha de las elecciones. De esta manera, según argumentó, el mandatario será mucho más libre de enfrentar el entramado de crisis multidimensional que está azotando al Ecuador en temas como seguridad, economía, migración y política.
Durante el tiempo que le resta al presidente, podrá actuar sin el «lastre» legislativo que le impedía, según su lógica, actuar libremente y tomar iniciativas políticas con las manos «desatadas», sin el seguimiento y la interpelación. Es decir, Lasso gobernará por poco tiempo, pero por medio de decretos.
El primero de estos decretos ya fue tomado y divulgado por el propio presidente. Se trata de una medida para «reducir impuestos, fortalecer la economía de 460.000 familias ecuatorianas y [permitir que] cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares». Este anuncio –que será enviado al Constitucional– dice mucho de lo que Lasso prevé hacer, a pesar del acortamiento de su mandato.
Si el resto de decretos van en este sentido, utilizará su tiempo para reordenar las cuentas y reivindicar a las minorías que le han apoyado.
El mandatario ecuatoriano ya sabe que su tiempo está contado, que no tiene los curules mínimos para bloquear el juicio político y por eso prefiere dejar el cargo, aunque con la opción de limpiar las cuentas de quienes lo pusieron en el poder y demandan una baja de los impuestos.
De lo que pase socioeconómicamente con las mayorías ecuatorianas todavía no ha dicho mucho, pero los sectores medios y altos ya podrán dormir más tranquilos después de este primer decreto ley que les baja los impuestos.
No obstante, hay elementos que pueden quitarles esa siesta que supone la gestión por decreto de Lasso.
El escenario electoral
El resultado electoral del pasado 5 de febrero develó una merma del apoyo a Lasso y un fortalecimiento de las fuerzas adversas.
Su plataforma, el movimiento CREO, no logró ninguna prefectura. En cambio, Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa, obtuvo 9 prefecturas (de 23), incluyendo las dos provincias más pobladas del país (Guayas y Pichincha), y 50 alcaldías (de 221), obteniendo el triunfo en las principales ciudades del país, Quito y Guayaquil, esta última después de 30 años de liderazgo ininterrumpido del Partido Social Cristiano, que quedó diezmado con apenas dos prefecturas a escala nacional.
Mientras que el otro adversario de Lasso, Pachakutik –partido del movimiento indígena– logró 6 prefecturas y 26 alcaldías.
Además, el día de los comicios seccionales, Lasso perdió las ocho preguntas del referendo que el mismo había impulsado sobre temas como extradición, reducción de partidos y asambleístas, medio ambiente, entre otros. La consulta tenía como objetivo político buscar oxígeno para su gestión, que quedó fisurada desde el levantamiento indígena de junio pasado y los escándalos de corrupción que se han disparado los últimos meses. A ese coctel se suman el aumento inconmensurable de la violencia social, la crisis carcelaria y la delincuencia.
El balón parece estar en manos de la oposición, que debe decidir si se une para confrontar la coyuntura electoral, o si, por el contrario, la derecha tendrá tiempo para buscar un candidato que provoque nuevamente la división del progresismo.
Parece obvio que el mapa político ecuatoriano ha cambiado en relación a las presidenciales de 2021. Si bien Lasso aprovechará estos meses para gobernar solo con base en sus objetivos de banquero, el balón parece estar en manos de la oposición, que debe decidir si se une para confrontar la coyuntura electoral, o si, por el contrario, la derecha tendrá tiempo para buscar un candidato –posiblemente ‘outsider’– para provocar nuevamente la división del progresismo.
¿Es un escenario favorable a la izquierda y el correísmo?
En la segunda vuelta de las presidenciales de 2021, el banquero Lasso logró arrebatar el triunfo al correísta Andrés Arauz, por poco más de 400.000 votos. El caso es que el movimiento indígena hizo un llamado al Voto Nulo, que logró obtener más de 1,7 millones de votos. Por ende, la derrota del correísmo fue facturada no por la contundencia del apoyo a Lasso, sino por la decisión del movimiento indígena de impedir su triunfo.
Este escenario sigue siendo probable para las presidenciales que estarían por venir.
Incluso, para la decisión de realizar el juicio político a Lasso, 11 asambleístas (de los 27 con los que cuenta) de Pachakutik –el brazo electoral del movimiento indígena– se declararon públicamente en contra del ‘impeachment’, alegando que el proceso le abría camino al correísmo para su retorno al poder político.
Estos asambleístas, igual que la mayoría del movimiento indígena en 2021, demostraron ser más anticorreístas que cualquier otra cosa.
Por parte del líder y expresidente Rafael Correa tampoco se ha visto alguna decisión o reflexión que permita un posible encuentro o entendimiento con Pachakutik, aunque varios de sus líderes le han apoyado en el pasado.
Como dijimos, la pelota está de parte del progresismo. Si el correísmo y el movimiento indígena no llegan a una alianza política para la siguiente coyuntura electoral, entonces podremos entender mucho mejor la actual decisión suicida que ha tomado Lasso y veremos, muy probablemente, a la derecha, o algún aliado, perpetuarse en el poder.
Vienen meses muy movidos en Ecuador.
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