La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del martes a la madre de una joven y a un amigo por raptar a la chica y encerrarla en una casa, volver a raptarla, pegarle y obligarle a comer heces de un descampado, en unos hechos por los que el fiscal pide doce y cinco años de cárcel para los acusados.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sección Quinta de la Audiencia comenzará el día 21 el juicio contra Marius P. y Marcela P., madre de la víctima, por dos delitos de detención ilegal, malos tratos en el ámbito familiar y delito contra la integridad moral.
La Fiscalía solicita una pena de doce años y seis meses de prisión para ella y de cinco años para él, en función de los delitos atribuidos a cada uno de ellos.
El informe del fiscal detalla que a principios de diciembre de 2015 el acusado se valió de un hermano de la víctima para conseguir que ésta se subiera en un coche que conducía el padrastro de la chica, donde fue introducida a la fuerza y contra su voluntad.
La joven, que ignoraba donde la llevaban, fue trasladada a una casa de Getafe en la que estaba su madre y encerrada con llave en una habitación.
Tres días después logró escapar de sus captores y denunciar los hechos, según el relato del fiscal.
Meses después, el 14 de abril de 2016, la víctima estaba en el centro de acogida Torremocha del Jarama, en la localidad madrileña de Torrelaguna, y, tras contactar con su madre por internet, quedó con ella en una parada de autobús de esta localidad.
Pero una vez que se hubieron reunido fue obligada nuevamente a subirse al vehículo que conducía el acusado, y trasladada a un descampado contra su voluntad.
Allí se bajaron todos del vehículo y le recriminaron que les hubiera denunciado por el anterior encierro.
El acusado le dio una bofetada y una patada, haciendo que la joven cayese a un charco, y sus agresores la obligaron a coger heces del suelo y a comérselas, diciéndole: «¡No hables; coges la caca y te la comes!.
Todo ello fue presenciado por la madre de la menor, que no hizo nada para impedir la agresión, subraya la Fiscalía.
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