La construcción de una nueva tirolesa de 1.2 kilómetros en Mazatlán, que sobrevolará el Océano Pacífico, generó controversia entre ambientalistas y ciudadanos locales.
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Ubicada en el Cerro del Crestón, conocido también como El Faro, la tirolesa culminará en el negocio privado Observatorio 1873, situado en el Cerro del Vigía. Esta nueva atracción turística busca atraer principalmente a turistas extranjeros que llegan en cruceros, pero ha despertado preocupaciones sobre su impacto ambiental y la posible privatización de espacios públicos emblemáticos.
La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán (AsiponaMaz), otorgó una concesión de 20 años para la construcción de la tirolesa al empresario Amado Guzmán Reynaud, con posibilidad de renovación. Las Asiponas, empresas públicas encargadas de explotar espacios concesionados, operan bajo la supervisión de la Semar.
El proyecto ha recibido críticas debido a la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que la zona del Cerro del Crestón alberga especies en peligro de extinción y protegidas por normas internacionales. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, presentada por Guzmán, fue avalada por las autoridades federales, lo que ha generado descontento entre colectivos ambientalistas y ciudadanos.
Grupos de ambientalistas y académicos han expresado su preocupación por el daño ecológico que podría causar la obra, además de criticar la falta de consulta pública y los acuerdos a puerta cerrada. Exigen mayor transparencia y participación ciudadana en proyectos que afectan el medio ambiente y espacios públicos.
La Asipona Mazatlán, dirigida por el Contralmirante en retiro Mariel Aquileo Ancona Infanzón, recibirá 7 mil pesos mensuales y el 5% de las entradas por el uso del espacio público para la tirolesa. Estos acuerdos económicos no han mitigado las preocupaciones de la comunidad sobre el impacto ambiental y social del proyecto.
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Foto: Redes
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