Los afectados aún esperan medidas de protección
La prótesis de la pierna izquierda de Arison Briones funciona con un sistema de válvulas que le succionan la piel. Por eso, la mayor parte del tiempo se moviliza con muletas.
Con ellas llegó a Quito para contar su testimonio de más de 14 años de explotación laboral y vulneraciones a los derechos de su familia por parte de la compañía tabacalera Furukawa Plantaciones, instalada en Ecuador desde 1963 y señalada de cometer actos de “esclavitud moderna” con sus trabajadores.
Briones, acompañado por otros trabajadores, que también reclaman por décadas de sometimiento, contó que perdió su extremidad en 2009, mientras trabajaba como maquinero, y desde entonces, la empresa formalizó su contrato por temor a represalias, informó el Diario La Hora.
Actualmente él continúa trabajando en las bodegas de la hacienda del kilómetro 37 de la vía Santo Domingo – Quevedo, pero en los últimos meses ha sufrido de intimidaciones y amenazas por parte de los funcionarios de la empresa.
Su historia se suma a la de más de 1.244 personas, identificadas que se han dispersado con el tiempo y cuya lucha es apoyada por miembros de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica, entre otros.
Cecilia Chérrez, de Acción Ecológica, mencionó que la situación en Furukawa ilustra claramente cómo en Ecuador se atenta contra los Derechos Humanos y los de la naturaleza, de una manera en que la reproducción de la vida se vuelve imposible.
Uno de los antecedentes que comentó fue que, en la década del 60’, las tierras donde están ahora los cultivos de abacá eran parte de un bosque húmedo tropical con gran cantidad de biodiversidad. Eso ya no existe y se ha identificado agua contaminada y daños por el uso de agroquímicos.
Hace más de un año el Gobierno ecuatoriano conoció los casos de “esclavitud moderna” por los cuales está señalada la compañía Furukawa Plantaciones; sin embargo, nada ha cambiado para los trabajadores.
El pasado mes de agosto, una misión conformada por equipos de las organizaciones que son parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) llegó al campamento de la hacienda Isabel, en el kilómetro 42 de la vía Santo Domingo-Quevedo.
Ahí conversaron con las víctimas y luego recopilaron los hallazgos en un nuevo informe, en el que se puntualizaron al menos ocho vulneraciones a familias enteras, durante años.
Representantes de la FIDH informaron que enviarán el documento a las relatorías en diferentes ámbitos de niñez, de mujeres y formas de esclavitud de la Organización de Naciones Unidas, para que así, se pueda ejercer presión a escala internacional.
Como actualizaciones de lo que está ocurriendo en los territorios de Furukawa, Patricia Carrión, abogada del equipo de Cedhu, organización que patrocina a 103 trabajadores, mencionó que las medidas de protección otorgadas judicialmente para ellos no han servido, ya las amenazas continúan.
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