En fallo de la Quinta Sala, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que los funcionarios civiles de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) vuelvan al sistema previsional de Capredena. Esta decisión favorecería a más de mil 300 trabajadores y tendría un costo aproximado de 900 mil millones de pesos.
Los funcionarios de la DGAC pasaron a cotizar en las AFP producto de un decreto de 1985. Esta situación se dio a pesar de que la ley que creó la institución decía que para efectos de remuneraciones y previsión, los trabajadores eran empleados civiles de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el otro perjuicio se generó porque los funcionarios entraron a cotizar por el 50% de su sueldo.
Aun cuando los funcionarios valoraron el dictamen de la Corte de Apelaciones, llamaron a actuar con cautela y esperar las reacciones posteriores del Estado en los tribunales de justicia.
«Esta es una estrategia de largo aliento. Desde el año 2008 estamos golpeando puertas en dos caminos: uno, en el tema de diálogo social, con las instancias políticas respectivas, del punto de vista sindical; y dos, el año 2011 evaluamos qué equipo jurídico nos podía acompañar en este proceso de poder definir vía justicia lo que hoy aparece frente a la opinión pública», comentó José Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil (ANFDGAC), en radio Sonar.
El dirigente relacionó la decisión del tribunal con el clima de impugnación hacia el modelo de las AFP. «Entendemos que la expectativa se multiplica, porque hoy la constatación señala que las pensiones no alcanzan para vivir. Más allá de que existan lagunas, el modelo no resiste mucho análisis y eso siempre lo hemos señalado», señaló.