La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió demanda de tutela laboral presentada por cinco ex funcionarias de la Municipalidad de Chimbarongo, desvinculadas por discriminación política. De este modo, el tribunal rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia deducido en contra de la sentencia que acogió la demanda.
La instancia, de junio de 2017, había declarado que se acogía la denuncia de «vulneración de derechos fundamentales». En este sentido, el juez incluyó en el auto que «la denunciada ha vulnerado, con ocasión del término de la relación laboral a las denunciantes, en su derecho a no ser discriminadas, por lo que en definitiva se le condena al pago de la indemnización contemplada en el Código del Trabajo».
Además, más allá de las sanciones económicas, se impuso a la Municipalidad de Chimbarongo el deber de dictar «dos charlas informativas acerca de los derechos fundamentales y no discriminación que rigen en nuestro ordenamiento jurídico aplicables a los funcionarios públicos de sus dependencias».
Las denunciantes arguyeron que su despido «estaba rodeado de una persecución discriminatoria por razones políticas, que nada tuvieron que ver con su desempeño». Algunas de estas conductas fueron, como señalaron durante el juicio, cambios de fechas de actividades, bloqueo de cuentas de correos electrónicos y exclusión de actos «hacia los funcionarios que estuvieron apoyando al alcalde anterior», por parte del equipo cercano del actual alcalde.