Mal negocio, mezclar la Educación Especial con la Ley de Inclusión Laboral

Por Andrea Zondek, presidenta Fundación TACAL

Es sabido que los recursos públicos son escasos y las necesidades muchas. La Ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, Ley 21.015, da cuenta de cómo es posible generar sinergias positivas con miras al cambio cultural que nuestro país requiere. Sin embargo, a la luz de las evaluaciones que se han llevado a cabo a un año de su puesta en marcha, llama la atención algunas iniciativas gubernamentales que pretenden “ampliar” sus efectos a áreas que no son parte del objetivo de la norma. Así lo ha señalado el Ministerio del Trabajo, al considerar como medida alternativa la donación de empresas a la educación especial o la generación de becas de estudio.

La Ley de Inclusión Laboral fue creada para fomentar el empleo de las personas con discapacidad, y no para mejorar la educación. En este sentido, recordar algunos datos de cómo se maneja en la actualidad el sistema de educación especial, escuelas que, valga recordar, no tienen como objetivo el trabajo.

En datos del Ministerio de Educación (MINEDUC), más del 75% de las Escuelas Especiales en Chile son para trastornos específicos del lenguaje, consideradas transitorias, y menos del 25% corresponden a discapacidades de tipo permanente.

Para profundizar en el tema. La Ley de Inclusión Escolar que regula la admisión, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en colegios que reciben aportes del Estado, permite que las Escuelas Especiales puedan seleccionar. Por otro lado, los Programas de Integración Escolar (PIE) son discrecionales, porque deja a criterio del sostenedor el interés de participar o no del mismo.

A la luz de estos antecedentes contradictorios, ¿hay un problema en el manejo de políticas de discapacidad en materia educacional? Sí, lo hay. ¿Se soluciona con el aporte que las empresas puedan hacer al sistema escolar? No. Más bien le haría daño.

Pensar que la donación de empresas a la Educación Especial podría mejorar la educación y de esa forma mejorar las oportunidades laborales, es un grave error. Mejorar las condiciones de la educación especial es responsabilidad del Ministerio de Educación y no de las empresas.

Estoy convencida de que la Educación Especial no mejorará recibiendo donaciones porque no hay una política pública que la fomente y mejore. Y reitero nuevamente, la Ley 21.015 nace para fomentar el empleo de las personas con discapacidad.

Valoro muchísimo la voluntad del Gobierno de avanzar y buscar estrategias para optimizar la implementación de la Ley de Inclusión Laboral. Sin embargo, lo que corresponde es generar un estudio intersectorial con miras a una evaluación de la norma al 2.020, que permita, con datos en la mano, hacerla más eficiente para aumentar los efectos en el empleo formal de más de 2 millones 600 mil personas con discapacidad que viven en Chile.

El empleo para una persona con discapacidad es lo que la transforma en ciudadano de plenos derechos. ¡¡No les quitemos esa oportunidad!!