Salarios justos para un mínimo de dignidad

En Chile la influencia empresarial pesa, sus lobbys y financiamientos regulares e irregulares a algunos políticos permitieron que hoy el salario mínimo no alcance para vivir, y que los bolsillos de los dueños de grandes empresas estén cada vez más abultados.

Siguiendo esa lógica, y a pesar de la revuelta social de octubre que, entre sus diversas demandas exigía sueldos dignos, el Ejecutivo mantuvo la misma dinámica que han tenido los reajustes del salario mínimo en Chile desde la dictadura, cuando dejó de tener relación con el costo de vida real de las personas y se eliminó cualquier criterio social para definir cifras. Así, presentó un reajuste al salario mínimo de $10.500 brutos, lo que apenas aumenta $54 por hora, $350 por día y $2.450 por semana el valor del trabajo de quienes lo perciben, lo que es aún más paupérrimo si descontamos el 2,8% de inflación acumulado desde septiembre a la fecha, en plena pandemia, reduciéndolo a un incremento de $1.268 mensuales reales. Esto en monto líquido, para quien lo perciba, no le va a alcanzar más que para ir y volver del trabajo en horario punta, comprar un kilo de pan al día, arrendar una habitación básica, y sus ingresos no le permitirán sustentar las necesidades de un hogar promedio de cuatro personas, cuya línea de la pobreza por ingresos se ha situado en $466.993, de acuerdo a datos de abril de 2021 del Ministerio de Desarrollo Social.

En Chile, según cifras oficiales, un total de 890.573 personas ganan el mínimo o menos, entre las cuales, prácticamente la mitad, 387.353 ni siquiera reciben la gratificación establecida por ley, sin embargo, más del doble gana sólo un poco más que el mínimo, lo que demuestra que el salario mínimo sirve como referencia para referencia para los salarios del país. Así, este ingreso tiene gran relevancia en explicar el cuadro salarial completo de Chile, observando además que nuestro sistema de relaciones laborales no contempla la negociación colectiva fuera de la empresa ni el derecho a huelga efectivo, que el 50% de los y las trabajadoras gana menos de $401.000 líquidos, y que dos de cada tres gana menos de $550.000. Todo ello concuerda con el hecho de que casi el 80% de la población llega a fin de mes a costa de mantener altos niveles de deuda financiera.

Para cambiar esto, hemos presentado diversas propuestas en 2012 y en 2017, e intervenido en varias comisiones parlamentarias. Hoy volvemos a insistir para que en un plazo de 2,5 años, por medio de reajustes semestrales de $60.000 por cinco años, lleguemos a $625.000 con subisidios estatales focalizados en las micro y pequeñas empresas, lo que tendría un costo de menos del 0,1% del PIB; y que para este año el reajuste sea de $33.500. Asimismo, eliminar la política de ingresos mínimos garantizados y traspasar esos recursos a los subsidios temporales para las empresas mencionadas, para que aumente el valor de nuestro trabajo y no dependamos de bonos.

Es urgente una discusión honesta, con las manos limpias y empatía para ponerse en el lugar de a quienes durante décadas les dijeron que su trabajo y esfuerzo no valía lo suficiente como para vivir con lo básico. Hoy es cuando debemos cuestionarnos cuál es el valor de nuestro trabajo, cuánto salario deberíamos recibir quienes generamos la riqueza, y alcanzar un mínimo de dignidad.

Marco Kremerman, Fundación Sol

Benjamín Sáez, Fundación Sol

Andrés Giordano Salazar, presidente del Sindicato Starbucks

Kelly Cerda Torres, presidenta del Sindicato Burger King

Claudia Bustamante Vásquez, presidentx del Sindicato McDonald’s