Más de 4 mil familias de la región de Valparaíso se encuentran en riesgo de perder sus hogares debido al desalojo de diferentes campamentos, como el del cerro Centinela en San Antonio y Lajarilla en Viña del Mar.
Ante esta alarmante sitación, los integrantes del Movimiento Transformar se pronunció mediante una declaración pública en la que instaron al Estado de Chile y sus poderes a encontrar una solución pacífica a un conflicto que lleva años y que está afectando a más de 10 mil personas.
De este modo, hicieron un llamado a «que evite más violencia que como sociedad podamos lamentar».
En el texto, el Movimiento propone regularizar estas tomas a partir de la compra de los terrenos a sus propietarios a precio justo y de esta forma buscar un acuerdo entre las partes que hoy se encuentran en conflicto. Esto con el objetivo «de responder a un problema real, como es la falta de vivienda con políticas públicas que se hagan cargo de la realidad».
Asimismo, desde la colectividad, se refirieron al acuerdo del Ejecutivo y del Congreso luego del fallo de la Corte Suprema para rescatar a las isapres y plantearon la necesidad de promover un acuerdo similar para este conflicto.
“Si hubo un acuerdo para salvar a 7 isapres, lo mínimo es buscar una solución para proteger a más de 4 mil familias que quedarían sin casas”, afirmaron.
Desde la dirección nacional de la organización señalaron que enviarán una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, y al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y oficiarán, a través del diputado Hernán Palma (IND-bancada Humanista), a diferentes servicios públicos de la región de Valparaíso involucrados en la solución del conflicto.
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Desalojos: Más que un tema legal, un problema humanitario
Ante el riego en que se encuentran actualmente miles de familias afectadas por los desalojos, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó la importancia de buscar soluciones humanitarias y sostenibles a esta problemática.
El secretario de Estado se refirió en concreto a la situación que se registra en la megatoma del cerro Centinela en San Antonio, cuyo desalojo está previsto para el próximo 27 de febrero.
Esta medida, que fue ratificada por un dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, afecta a más de 10.000 personas que habitan en 4.136 viviendas.
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Al respeto, el ministro Montes indicó que aunque el Estado debe acatar el fallo judicial, este proceso requiere atención social.
“Acatamos lo que dicen los tribunales, eso no significa no tratar de buscar soluciones (…) Esto no es solo un tema legal, es un problema humanitario. Hay obligaciones del Estado de proteger especialmente a los niños y adultos mayores”, afirmó, tras una reunión en La Moneda en la que participó también el subsecretario del Interior, Luis Cordero, junto a otras autoridades.
El titular de la cartera de Vivienda informó que se han elaborado cinco informes sobre el terreno y se evalúa una solución que involucra a las familias mediante la conformación de cooperativas para la compra de los terrenos.
“Este fin de semana está prevista una reunión para avanzar en la constitución formal de estas cooperativas”, anunció.
Sobrela situación en la megatoma del cerro Centilena, el secretario de Estado aclaró que el 27 de febrero es el inicio del proceso, pero no una fecha única para que se lleve a cabo el desalojo de las familas.
“Se contempla una ejecución paulatina y coordinada con los organismos involucrados”, enfatizó, citado por ADN.
También indicó que el próximo lunes 24 de febrero se llevará a abo una nueva reunión con los propietarios y la Municipalidad de San Antonio, con la finalidad de intentar llegar a un acuerdo que permita un desarrollo ordenado del proceso.
Sobre la magnitud del problema que atraviesa el país con la existencia de 1.432 campamentos a nivel nacional, con más de 100.000 familias afectadas, la autoridad de Gobierno planteó que “la forma en que resolvamos esta situación puede marcar un precedente positivo o generar más conflictos”.