De Londres a Kigali: deportaciones, política de asilo y brutalidad del estado

El Tribunal de Apelación alegó que lxs solicitantes de asilo corrían el riesgo de ser devueltxs a su país de origen y podían sufrir trato inhumano y persecución. La Ruanda de Paul Kagame, con la complicidad de los medios de comunicación occidentales y de las instituciones financieras internacionales, ha sido presentada como un Estado que se desarrolla con éxito, pero en realidad se trata de un lugar de brutalidad estatal sistemática de la política.

Una de las principales contradicciones del capitalismo de libre mercado es que, a pesar de todas sus «imperfecciones«, se supone que acabará con el feudalismo, creando la libre circulación en el mercado laboral y llevando la igualdad política a la población regida por un mercado imparcial. Sin embargo, a medida que éste avanza, estas relaciones de mercado solo pueden mantenerse con la intervención autoritaria del Estado, la represión y una mayor imposición de las relaciones feudales. De ahí que un gobierno que no tiene interés en controlar la especulación destructiva del sector privado, mientras un número creciente de personas pierde el acceso a las necesidades vitales, haga todo lo posible por elevar el dominio aristocrático, estimular el nacionalismo divisivo e intervenir fuertemente en la circulación de las personas.

La contundencia de los esfuerzos de inspiración fascista del gobierno británico para eliminar las libertades políticas ha avanzado a la par que la intensidad del caos económico al que se enfrenta la mayoría. Los últimos acontecimientos sugieren que algunos de sus esfuerzos están fracasando, pero la lucha continúa. La semana pasada, la Cámara de los Lores, incluidos lxs parlamentarixs conservadorxs (del partido gobernante), presentaron enmiendas demoledoras al proyecto de ley de inmigración ilegal. Estas enmiendas obligarían al gobierno a respetar las convenciones internacionales de derechos humanos, a permitir que lxs menores no acompañadxs soliciten asilo y a impedir que las víctimas potenciales del tráfico de seres humanos sean detenidas o deportadas antes de que se conozcan sus casos. También se aprobaron otras enmiendas relativas a los límites de expulsión, detención y tramitación para migrantes LGBTQ+, mujeres embarazadas y niñxs, y solicitantes de asilo en general.

Ilegal

La política del gobierno de deportar a Ruanda a lxs solicitantes de asilo ha sido declarada ilegal por el Tribunal de Apelación. Después de que el Tribunal Superior dictaminara que Ruanda era un «tercer país seguro», este caso presentado por solicitantes de asilo y ActionAid revocó la decisión, al considerar que lxs solicitantes de asilo corrían el riesgo de ser devueltxs a su país de origen y podían sufrir trato inhumano y persecución. El propio Ministerio del Interior, encargado de hacer cumplir la política, la ha considerado inviable. Informó que el plan costaría 169.000 libras por persona, una cantidad significativamente superior al coste de alojar a lxs solicitantes de asilo en el Reino Unido.

Lxs abogadxs del Tribunal de Apelación argumentaron que el Tribunal Superior mostró una «deferencia excesiva» con respecto a las afirmaciones de lxs dirigentes del Ministerio del Interior según las cuales lxs deportadxs estarían protegidxs. El material proporcionado por las autoridades ruandesas carecía de credibilidad, con «negaciones generales y claras contradicciones». Resulta poco creíble que lxs sucesivxs ministrxs del Interior que dirigen la política sobre Ruanda garanticen la seguridad de dicha política.

El año pasado, el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales, que representa a lxs miembrxs del Ministerio del Interior, se unió a lxs solicitantes de asilo, Care4Calais y Detention Action en un caso que impidió la deportación de ocho solicitantes de asilo y demostró que Ruanda era un país inseguro, con posibilidad de reclutamiento forzoso para quienes eran enviadxs allí tras huir de países asolados por la guerra. Se descubrió que la ministra del Interior, Priti Patel, había hecho caso omiso de la advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre abusos contra los derechos humanos.

La Ruanda de Paul Kagame, con la complicidad de los medios de comunicación occidentales y de las instituciones financieras internacionales, ha sido presentada como un Estado que se desarrolla con éxito y que colabora con lxs donantes para lograr altos indicadores de desarrollo. A partir de 2015, lxs investigadorxs de ROAPE cuestionaron esta narrativa y las afirmaciones de una «Revolución Verde» en la que la modernización agraria neoliberal había aportado amplios beneficios a las poblaciones rurales del país. Algunxs de lxs investigadorxs tuvieron que publicar anónimamente por miedo a represalias del Estado en Kigali, mientras que la veracidad de sus datos fue objeto de seguimiento por una investigación del Financial Times sobre las estadísticas de pobreza del país. La terrible constatación de que se había producido un verdadero aumento de la pobreza no solo dañó la credibilidad del desarrollismo verticalista del Estado, sino también la del Banco Mundial, que avaló sus datos, la del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la de lxs donantes bilaterales.

En cuanto a la política del régimen, su aparato estatal burocrático y su planificación espacial se prestan a la externalización de los centros de detención, mientras que la violencia estatal ha incluido el asesinato de refugiadxs. Una investigación realizada el año pasado descubrió que un decimotercer refugiado congoleño había muerto por disparos de las autoridades estatales, meses después de que 12 manifestantes del campamento de Kibiza fueran asesinadxs en 2018.

Coste humano y económico

Suella Braverman, que alaba las oportunidades que se ofrecen a lxs solicitantes de asilo que entran en Ruanda, cuenta con el respaldo del Primer Ministro Rishi Sunak para defender su política estrella. El contraataque se basa en nuevas afirmaciones infundadas y falsedades. La idea de que el coste humano y económico del plan ruandés está justificado porque disuadiría de cruzar el canal podría tener una lógica retorcida si Francia fuera un país seguro para lxs refugiadxs y la emigración fuera una opción.

Pero no lo es: si lxs solicitantes de asilo proceden de países fuera de Europa y son identificadxs racialmente, se encuentran en la miseria y sufren violencia física, humillaciones y la destrucción de sus refugios, alimentos y suministros de agua por parte de las autoridades francesas.

El Brexit abrió la posibilidad de asilo en el Reino Unido porque la convención de Dublín, que permite a los gobiernos devolver a las personas a los países europeos por los que han pasado, ya no podría aplicarse; así, lxs refugiadxs angloparlantes y aquellxs con posibles conexiones con el país podrían tener aquí alguna oportunidad de encontrar seguridad, construir una vida tolerable y mantener a sus familias, por muy arriesgada y hostil que sea su acogida.

Esta condición forzosa de la migración expone la vacuidad de las repetidas sugerencias de Braverman de que todo el mundo vendría al Reino Unido si pudiera, por lo que son necesarias duras sanciones. Su argumento muestra una arrogancia que ignora cómo las personas son desarraigadas por circunstancias concretas, son arrancadas de sus familias y luchan por encontrar seguridad en cualquier lugar. Gran Bretaña ha desempeñado un papel en muchos de estos trastornos, incluida la contrarrevolución de Sudán. Además, ha contribuido significativamente a la Fortaleza Europa y a sus fronteras militarizadas, así como a su incapacidad para encontrar una política de asilo viable, lo que ha creado las condiciones para la migración irregular.

Mentiras y más mentiras

Dado que la mayor parte de la migración no se produce por elección propia, el cierre de rutas legales y seguras no disuade a la gente ni reduce fundamentalmente su número. Hace que el viaje sea inseguro y mata a la gente. Así lo demuestra el terror que el anuncio de la política de Ruanda causó a lxs refugiadxs en Calais a principios de junio de 2022, aunque los cruces del canal aumentaron en verano y han continuado por miles este año, siendo lxs afganxs la nacionalidad más numerosa.

Tampoco tienen fundamento las repetidas afirmaciones de que la política de Ruanda sería «la voluntad del pueblo»: este Gobierno y su nuevo programa ni siquiera han sido elegidos por el pueblo. Y otra mentira, de la que el Partido Laborista, principal partido de la oposición del país, ha sido especialmente cómplice, es que la lucha contra la «inmigración ilegal» es una lucha contra traficantes y contrabandistas, cuando en realidad son lxs inmigrantes y las personas a su cargo quienes sufren la peor parte, y lxs contrabandistas suelen encontrarse en una situación similar. Teniendo en cuenta las capas de engaño en las que se asienta la política, es sorprendente que un partido de la oposición dirigido por un abogado haya hecho poco más que burlarse del fracaso de la política para rechazar a las personas que llegan en pateras.

Si la apelación del gobierno a la política de Ruanda prospera, la principal victoria para lxs conservadores será que ya no estarán limitadxs por el derecho internacional o por un estado democrático funcional en su sentido más estricto, y esto envalentonará su represión de cualquier amenaza a su supervivencia, nacional e internacional. Las decisiones del Tribunal de Apelación y de la Cámara de los Lores, así como el escrutinio del Ministerio del Interior, darían la sensación de contar con el «buen gobierno» y la democracia que lxs políticxs británicxs afirman ofrecer al Sur Global.

Autor: Hannnah Cross

Foto: Wire

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