Ecuador: «Muerte mutua» y elecciones anticipadas

Todas las organizaciones políticas y sociales deben vigilar que las elecciones se desarrollen según el calendario previsto, denunciando cualquier forma de persecución política y exigiendo que no se obstaculice la protesta social pacífica durante este periodo.

Ecuador se encuentra actualmente en una situación en la que la Asamblea Nacional ha sido disuelta, un presidente debilitado legisla por decreto y se esperan elecciones anticipadas en agosto. ¿Cómo ha llegado el país sudamericano a esta situación?

El Presidente Guillermo Lasso (multimillonario y propietario de uno de los mayores bancos del país) alcanzó su punto más crítico dos años después de ser elegido. Según las encuestas, más del 80% de los ecuatorianos desaprueban su forma de dirigir el país. Su único hito fue la campaña de vacunación Covid de los primeros meses de su gobierno, que contrastó con el fiasco de su predecesor. El pasado febrero, este rechazo su ratificación en las urnas, cuando todas las preguntas de un referéndum propuesto por el presidente fueron rechazadas por los votantes. Sus rivales fueron los grandes vencedores en las elecciones locales celebradas conjuntamente con el referéndum. El partido de Lasso nunca ha tenido mayoría propia en la Asamblea Nacional, y las relaciones con otros partidos llevan mucho tiempo plagadas de tensiones.

El momento más crítico se produjo hace semanas, cuando la Asamblea Nacional inició un procedimiento de destitución contra él por sus decisiones y omisiones en un caso de malversación de fondos en el sector petrolero. Los demandantes en la Asamblea Nacional acusaron a Lasso de conocer y no actuar deliberadamente ante las evidentes irregularidades en el contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa offshore Amazonas Tanker Pool.

Además, forma parte de la acusación en la intervención del cuñado del presidente, Danilo Carrera, en la gestión opaca de empresas públicas del sector energético. Según los informes de inteligencia antidroga filtrados por un medio de comunicación, el entorno del presidente estaba siendo investigado por vínculos con la mafia albanesa, que transporta droga de Sudamérica a Europa. También se reveló que esta investigación fue suspendida por orden del Poder Ejecutivo. Hace varias semanas fue asesinado Rubén Chérrez, amigo íntimo de Carrera, posible enlace con la mafia albanesa y figura clave en las acusaciones contra el presidente.

Sobre la base de estas acusaciones, el proceso de destitución pretendía censurar y destituir a Lasso, a pesar de los intentos del gobierno por doblegar a la oposición, compuesta por el Partido Social Cristiano (tradicional partido de derecha vinculado a la oligarquía costeña), los legisladores de la izquierdista Revolución Ciudadana (partido del expresidente Rafael Correa) y varios legisladores de otros partidos.

Lasso, acorralado, abusó y utilizó ilegalmente la figura constitucional comúnmente conocida como «muerte mutua» o «muerte cruzada«. Ésta permite al presidente disolver la asamblea. El decreto que activó el mecanismo menciona una supuesta crisis política grave y malestar social, pero estaba claro, incluso por las propias declaraciones del presidente en los medios internacionales, que se trataba de una maniobra para eludir la destitución. ¿Por qué se habla de «muerte mutua»? Cuando este mecanismo se activa, no garantiza la permanencia del presidente en el cargo y se convocan elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. La fecha para estas elecciones es el 20 de agosto.

Dado que las demandas de inconstitucionalidad presentadas por varios (ahora ex) diputados fueron rechazadas, la atención se centró en los candidatos. Los partidos o coaliciones que quieran postularse deben elegir una fórmula que, según recientes reformas (ratificadas por las autoridades electorales para los comicios anticipados), debe estar integrada por un hombre y una mujer. Lasso anunció que no se presentará.

Dentro de las fuerzas de derecha, los primeros precandidatos son varias figuras vinculadas al desastre que vive el país, como el exdiputado y aliado de Lasso, Fernando Villavicencio. Otra de estas figuras es Otto Sonneholzner, exvicepresidente de Lenín Moreno y cómplice del desastroso manejo gubernamental de la pandemia en 2020-2021. En un esfuerzo por recuperar espacios, el mencionado Partido Social Cristiano, apuesta por Jan Topic, un polémico empresario del sector de la seguridad privada que se jacta de haber sido mercenario de la guerra en Ucrania y en algunos conflictos africanos.

Para la derecha, la transición implica sólo un cambio de timón dentro de las élites (y no un cambio de modelo). Por el contrario, los partidos de izquierda se enfrentan al reto de buscar figuras que puedan liderar en el año y medio de transición para crear las condiciones que permitan ofrecer al país un modelo diferente para afrontar la crisis de inseguridad y el declive económico. No es una tarea fácil que no debe dejar lugar a la improvisación, aunque la mayor capacidad electoral parezca estar del lado de estas fuerzas. Sin embargo, hasta ahora la discusión se ha basado en nombres y menos en propuestas. El movimiento indígena no la tiene fácil, ya que en la actualidad lidia con una transición inconclusa en su brazo político hacia el sector liderado por Leonidas Iza, actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Recientemente, el propio Iza se retiró de la posibilidad de presentarse a la presidencia. A partir de ahora, no tendrán candidato presidencial propio. La Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa optó por una figura menos conocida: Luisa González, una exdiputada a la que se considera muy cercana y leal a Correa. A pesar de que muchos pronosticaban que repetiría, el ex candidato presidencial Andrés Arauz completa la papeleta como candidato a la vicepresidencia. Este joven economista y exministro parece ser la elección de Correa de alguien bien preparado y con experiencia para temas clave de la administración.

A pesar de la inevitable atención que genera la selección de candidatos, la deriva autoritaria de Lasso y las decisiones que toma deberían hacer sonar algunas alarmas. Todas las organizaciones políticas y sociales deben estar vigilantes de que las elecciones se desarrollen según el calendario previsto, denunciando cualquier forma de persecución política y exigiendo que no se obstaculice la protesta social pacífica durante este periodo.

Asimismo, se debe vigilar y, en su caso, cuestionar el avance de la agenda de Lasso. La disolución de la Asamblea le permite legislar por decreto, y rápidamente ha promulgado reformas tributarias favorables a la élite, anunciado varias privatizaciones, la flexibilización laboral y profundas reformas al sistema de seguridad social. La mayoría de estas reformas se alejan de su discurso centrista de campaña en 2021, lo acercan a sus propios intereses de clase y alejan las políticas públicas de las necesidades de un país sumido en la inseguridad y la falta de oportunidades económicas.

Autor: Andrés Chiriboga-Tejada

Traducción: Lizzette Vela

Foto: Wire

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