El 3 de octubre, el Estado indio emprendió la mayor represión contra la prensa desde la independencia. 46 periodistas y sus familias fueron despertadxs en la madrugada del martes por una unidad especial de la policía de Delhi que allanó sus domicilios, confiscando teléfonos y computadoras.
Según las autoridades, las redadas de una unidad antiterrorista que depende directamente del gobierno sindical de Narendra Modi eran necesarias por la presunta relación directa e indirecta de los periodistas con el sitio web de noticias NewsClick.
La invocación de las leyes antiterroristas contra todo un medio de comunicación no tiene precedentes, es preocupante y antidemocrática.
La última campaña del Estado indio contra NewsClick comenzó en agosto, a raíz de un artículo sobre el Red Scare publicado en el New York Times, en el que se afirmaba que difundía propaganda china y estaba financiado por el magnate estadounidense de la tecnología Neville Roy Singham. NewsClick rechazó firmemente las acusaciones, pero, sin embargo, vio congelados sus activos.
Según lxs periodistas detenidxs, la línea de investigación de la policía no era la propaganda china, sino la información crítica con el gobierno de Modi. Se cuestionó la cobertura de noticias importantes, como los disturbios antimusulmanes en Delhi, la huelga de agricultorxs contra las nuevas leyes agrícolas, las protestas contra la Ley (Enmienda) de Ciudadanía Antimusulmana y la respuesta del gobierno a la pandemia del Covid-19.
Tres días después, NewsClick no ha recibido ninguna notificación formal de cargos. La policía se niega a facilitar siquiera un «primer reporte informativo«, además de invocar la ley antiterrorista, la Ley de Actividades Ilegales (Prevención).
En un comunicado, la publicación declaró: “Condenamos enérgicamente estas acciones de un gobierno que se niega a respetar la independencia periodística y trata las críticas como sedición o propaganda ‘antinacional’”.
Este ataque contra la prensa no es nuevo. India ocupa el puesto 161 en el Índice de Libertad de Prensa y ha sufrido un brusco descenso en la década de gobierno de Modi.
Los medios de comunicación que ofrecen información crítica se enfrentan a un acoso rutinario. En febrero, funcionarios de Hacienda registraron las oficinas de la British Broadcasting Corporation, semanas después de que ésta publicara una serie documental que examinaba a Modi, el auge del nacionalismo hindú y sus conexiones con la violencia antimusulmana. En julio de 2021, las autoridades fiscales abrieron una investigación sobre Dainik Bhaskar, uno de los mayores periódicos de India, que sacó a la luz la mala gestión gubernamental del Covid-19. Los sitios web independientes también han sido objeto de redadas similares, en las que se han incautado aparatos electrónicos de lxs periodistas.
En un alegato dirigido al presidente del Tribunal Supremo de India tras la última agresión a sus colegas, una coalición de sindicatos y organizaciones de periodistas indixs escribió que «un amplio sector de lxs periodistas de India se encuentra trabajando bajo la amenaza de represalias». Tras la redada, el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, pidió la liberación inmediata de lxs periodistas y urgió al gobierno a «dejar de intentar intimidar a lxs periodistas».
Estas acciones estatales antidemocráticas y en contra de los medios de comunicación parecen destinadas a intensificarse antes de las elecciones generales del año que viene. El libro de jugadas del BJP avivará la islamofobia, descrita por Genocide Watch como «una ideología fabricada por el Estado», intimidará y silenciará a lxs periodistas que la desafíen y desplegará leyes antiterroristas contra disidentes de todo tipo.
Nos solidarizamos con todxs lxs valientes periodistas de la India que buscan la verdad y desafían al poder, que ahora arriesgan su libertad para mantener informada a la gente, y con todxs quienes se enfrentan a la demolición de la democracia de la India.
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13 partidos, sindicatos y movimientos se unen a la IP
Esta semana nos complace y enorgullece dar la bienvenida a nuestras filas a 13 nuevas organizaciones miembros, con lo que nuestro número asciende a 75, procedentes de 40 países. Como dijo Varsha Gandikota-Nellutla, coordinadora general adjunta de la Internacional Progresista, al darles la bienvenida: «Todos ellos son luchadores por la justicia que inspiran, desafían a los poderosos y están al lado del pueblo en sus respectivos países. Nuestro momento histórico común está envuelto en la oscura sombra de las amenazas, pero lleno de oportunidades. Juntxs, dirigiremos nuestra política hacia un mayor ímpetu y ambición, adecuando la escala de nuestras crisis a la escala de las acciones que emprendamos contra ellas.»
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Esta semana, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó a favor de autorizar la intervención de una fuerza de seguridad multinacional en Haití, dirigida por Kenia. La medida ha suscitado fuertes críticas de las fuerzas progresistas del hemisferio occidental y de Kenia, que consideran que la fuerza financiada por los Estados Unidos es poco más que un blanqueo negro neocolonial.
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¡Traductorxs del mundo, únanse!
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Foto: Wire
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