Los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor demuestran lo que ya sabíamos: la «reforma» policial ha fracasado.
Por Alex S. Vitale
La explosión de protestas en los Estados Unidos en los últimos días deja claro que la crisis en Minneapolis es una crisis nacional.
Han pasado casi seis años desde los asesinatos de Mike Brown y Eric Garner, y poco ha cambiado en la forma en que las comunidades pobres de color son vigiladas. Es hora de repensar las reformas superficiales e ineficaces de los procedimientos de la policía y, en su lugar, pasar a desfinanciarla.
Inmediatamente después de los asesinatos de Brown y Garner en Ferguson, Missouri y la ciudad de Nueva York, el gobierno de Obama respondió pidiendo más investigaciones federales y encargó un informe, del Grupo de Trabajo del Presidente sobre la Vigilancia Policial en el siglo XX, que estableció una serie de reformas, que yo y otros criticamos en ese momento. Estas reformas se basaban en el concepto de la justicia procesal, que sostiene que si la policía aplica la ley de una manera más profesional, imparcial y apropiada desde el punto de vista procesal, entonces el público desarrollará más confianza en ellos y se producirán menos confrontaciones y protestas violentas. Este concepto acaba adoptando la forma de intervenciones como el entrenamiento en prejuicios implícitos, sesiones de encuentro entre la policía y la comunidad, ajustes en las políticas oficiales de uso de la fuerza y sistemas de alerta temprana para identificar a lxs agentes potencialmente problemáticxs.
El Departamento de Justicia de Obama utilizó este marco para presentar un pequeño número de casos de patrones y prácticas contra determinados departamentos de policía, como el de Ferguson, para obligarlos a adoptar estas medidas. También invirtió millones de dólares en iniciativas de capacitación y relaciones comunitarias como la National Initiative for Building Community Trust and Justice (Iniciativa Nacional para Fomentar la Confianza de la Comunidad y la Justicia), que incluyó dinero para Minneapolis.
Pero estos tipos de intervenciones federales no han demostrado señales de cambios positivos en la policía. Normalmente implican el establecimiento de unx monitorx que crea una serie de puntos de referencia; las métricas de estos puntos de referencia tienden a basarse en la aplicación de las recomendaciones y no en cambios reales en el impacto de la actividad policial en las personas más intensamente vigiladas. Una mirada al interior de este proceso por Matt Nesvet, un auditor de un decreto federal de consentimiento en Nueva Orleans, mostró cuán inútil fue todo el esfuerzo. Como lo describe Nesvet enThe Appeal, lxs monitorxs requerían cosas como fotos de oficiales hablando con miembros de la comunidad como prueba de que la vigilancia comunitaria estaba siendo implementada.
No hay pruebas de que el entrenamiento en prejuicios implícitos o las iniciativas de relaciones comunitarias ayuden. El Instituto Urbano, que formaba parte de la Iniciativa Nacional para Fomentar la Confianza de la Comunidad y la Justicia, evaluó el esfuerzo y encontró poco a su favor. Estos tipos de reformas resultan tener mucho más que ver con dar cobertura política a la policía local y a lxs políticxs que con reducir los abusos policiales. En parte, eso se debe a que asumen que la aplicación profesional de la ley es automáticamente beneficiosa para todxs. Nunca cuestionan la legitimidad de utilizar la policía para hacer una guerra contra las drogas, detener a niñxs pequeñxs en la escuela, criminalizar la falta de vivienda o etiquetar a lxs jóvenes como pandillerxs y superdepredadorxs para ser encarceladxs de por vida o asesinadxs en las calles. Una detención por drogas de bajo nivel totalmente legal, de procedimiento adecuado y perfectamente imparcial va a seguir arruinando la vida de alguna persona joven sin ningún motivo válido. No hay justicia en eso y dar a las unidades antinarcóticos entrenamiento anti-prejuicios no hará nada para cambiar este hecho.
Muchas de estas reformas se han implementado en Minneapolis. En 2018, la ciudad publicó un informe en el que se esbozaban todas las reformas de la justicia procesal que ha adoptado, como la capacitación de la atención plena, el entrenamiento de equipos de intervención de crisis, el entrenamiento de prejuicios implícito, las cámaras corporales, los sistemas de alerta temprana para identificar a lxs agentes problemáticxs, etc. No han hecho ninguna diferencia. De hecho, grupos de activistas locales como Reclaim the Block, Black Visions Collective y MPD 150 han rechazado el aumento del entrenamiento y la supervisión como solución, y ahora piden al alcalde Jacob Frey que reduzca el presupuesto de la policía en $45 millones y que transfiera esos recursos a estrategias de salud y seguridad dirigidas por la comunidad.
Desafortunadamente, a nivel nacional, lxs miembros demócratas del Congreso parecen haber aprendido pocas lecciones de los fracasos de seis años de «reforma» policial. Unx por unx, han condenado la vigilancia racista y han pedido investigaciones y rendición de cuentas. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez, dio a conocer los nombres de las personas asesinadas en los últimos años, pero no ofreció ninguna propuesta sustantiva, salvo un vago llamado a la justicia. La senadora de Minnesota Amy Klobuchar, que se negó sistemáticamente a enjuiciar a la policía cuando dirigía la Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin, pidió más investigaciones de patrones y prácticas por el Departamento de Justicia. Y, en una resolución del 29 de mayo en la que se condenaba la brutalidad policial, incluso las representantes Ilhan Omar, cuyo distrito incluye Minneapolis, y Ayanna Pressley no propusieron ni una sola reducción significativa de los poderes específicos de la policía, prefiriendo pedir más investigaciones y el establecimiento de más juntas de revisión civil que nunca han mostrado ninguna eficacia en la reducción de la actividad policial abusiva. (Un modelo más valioso puede encontrarse en la Garantía de Justicia Popular, legislación que Pressley introdujo en noviembre de 2019. En ella se presentan varias propuestas dignas de mención, entre ellas la despenalización de los delitos de bajo nivel y la reorientación de los recursos hacia alternativas a la policía; Omar es una de las patrocinadoras).
Estas estrategias no cambiarían en nada la misión básica de la policía, que se ha expandido dramáticamente en los últimos 40 años. Otra investigación del Departamento de Justicia u otrx oficial despedidx o acusadx no terminará la guerra contra las drogas, la criminalización de lxs pobres o la demonización de lxs jóvenes de color.
Si lxs legisladorxs federales toman en serio el control de la policía abusiva, hay cosas que pueden hacer. Pueden empezar por eliminar la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad (COPS). Creada por el Proyecto de Ley del Crimen de 1994, ha sido el conducto central de fondos para contratar decenas de miles de nuevxs policías y equiparlxs con una gama de tecnología de vigilancia y equipo militarizado.
Uno de los proyectos que administra es la Operación Persecución Implacable, la iniciativa de lucha contra la delincuencia más emblemática de la administración Trump, que está previsto que inunde siete grandes ciudades con numerosos agentes federales en asociación con la policía local para cazar a las pandillas y los cárteles de droga que tanto caricaturiza el Presidente. El Congreso aprobó $61 millones para pagarla y ese dinero debe ser retirado de cualquier asignación futura. Lxs legisladorxs también pueden tomar más medidas para deshacer el daño causado por el Proyecto de Ley del Crimen de 1994 como la eliminación de los fondos para la policía escolar en favor de la provisión de más consejerxs y programas de justicia restaurativa, la inversión en estrategias de reducción de daños—como instalaciones de inyección seguras e intercambio de agujas, así como tratamiento de drogas de alta calidad basado en la medicina a demanda—y el replanteamiento del uso del sistema de justicia penal para manejar la epidemia de violencia doméstica.
Ha llegado el momento de que el gobierno federal, las principales fundaciones y los gobiernos locales dejen de intentar gestionar los problemas de la pobreza y la discriminación racial desperdiciando millones de dólares en reformas procesales inútiles e ineficaces, que meramente dan cobertura al uso ampliado de la policía. Es hora de que todos dejen de pensar que encarcelar a unx policía asesinx más hará algo para cambiar la naturaleza de la policía estadounidense. En lugar de ello, debemos actuar para desfinanciar significativamente a la policía y redirigir los recursos hacia iniciativas comunitarias que puedan producir una verdadera seguridad sin la violencia y el racismo inherentes al sistema de justicia penal.
Alex S. Vitale es profesor de sociología y coordinador del Proyecto de Policía y Justicia Social en Brooklyn College y autor de The End of Policing.
https://progressive.international/wire/2020-06-02-the-only-solution-is-to-defund-the-police/es
Foto: Jenny Salita/Flickr
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