Sistema jurídico secreto que obstaculiza la acción mundial contra el cambio climático

Al igual que gran parte del sur de Europa, el país ya se enfrenta a las nefastas consecuencias del cambio climático. Su experiencia también muestra que hacer algo al respecto es más difícil, o más caro, de lo que debería ser, debido a un oscuro, pero poderoso sistema jurídico mundial a través del cual las empresas multinacionales pueden impugnar las políticas medioambientales de un Estado.

En el 2015, el Parlamento italiano volvió a prohibir las prospecciones de petróleo y gas cerca de la costa, tras las protestas populares para proteger el medio ambiente. En los Abruzos, en el centro del país, decenas de miles de personas salieron a la calle para protestar contra un proyecto previsto en el lugar.

Pero la compañía que estaba detrás de ese proyecto era una empresa británica, llamada Rockhopper Exploration, que tenía una poderosa herramienta para responder. Presentó una demanda ante una sucursal del Banco Mundial, que el año pasado ordenó a Italia pagarle más de 200 millones de euros por concepto de indemnización. Con oficina central en Salisbury y cotizada en Londres, Rockhopper se fundó en 2004 para realizar prospecciones de petróleo y gas en torno a las Islas Malvinas.

El año pasado comunicó a sus inversores que «todos los costes asociados al arbitraje [con Italia] fueron financiados con un préstamo sin recurso («sin victoria – no hay honorarios») por un financiador especializado en arbitrajes». Y continuaba: «Después de los pagos debidos al financiador del arbitraje, Rockhopper espera retener aproximadamente el 80% de la indemnización«.

Rockhopper pudo demandar a Italia porque, como inversor extranjero en el país, podía acogerse al Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo cada vez más controvertido entre decenas de países, incluida Italia.

Es uno de los miles de acuerdos internacionales, firmados entre pares o grupos de países y que se extienden por todo el mundo, que permiten a los inversores extranjeros eludir los tribunales locales e impugnar una amplia gama de políticas gubernamentales que no les gustan ante tribunales oscuros.

Hasta ahora, se han presentado casi 1.000 casos a través de este sistema en el Banco Mundial. Durante años, los países en desarrollo han sido los principales demandados; sin embargo, desde la década de 1990, cada vez más países ricos han acabado también en el banquillo de los acusados.

Combustibles fósiles

En conjunto, los combustibles fósiles, la minería y otros proyectos energéticos fueron objeto del 42% de todos los litigios presentados ante el Banco Mundial entre 1966 y 2022. Aquí se incluyen muchos otros casos que han cuestionado la normativa medioambiental de los gobiernos.

Tomemos por ejemplo El Salvador. Fue demandado por una multinacional minera que no recibió permisos para excavar en medio de una creciente oposición nacional a la minería, alimentada por la preocupación por el medio ambiente y el impacto en los recursos hídricos, ya de por sí estresados.

O Alemania. Fue demandada por un gigante de la energía que se opuso a las restricciones del permiso de aguas para una central eléctrica de carbón, y cuyo objeto era limitar su impacto ambiental.

En 2021 se presentó otra demanda de 1.400 millones de euros contra los Países Bajos por su ley de «salida del carbón», que pondría fin a la quema de carbón para producir electricidad en 2030.

En teoría, los países pueden retirarse de los acuerdos internacionales que han hecho posible estos casos. El año pasado, por ejemplo, el gobierno alemán decidió salirse del Tratado sobre la Carta de la Energía. Ahora la UE parece dispuesta a hacer lo mismo en bloque, mientras que Gran Bretaña también ha declarado recientemente que podría retirarse.

Pero estos tratados suelen tener lo que se denominan «cláusulas de extinción» –o, lo que es más inquietante, «cláusulas zombis»–, que significan que sus disposiciones pueden seguir en vigor durante años, incluso décadas, después de que los propios tratados hayan sido cancelados o los gobiernos se hayan retirado de ellos.

Un sistema en expansión

Italia se había retirado del Tratado sobre la Carta de la Energía en el 2016, tras iniciar ese proceso a finales de diciembre de 2014. Pero eso no impidió que Rockhopper utilizara el tratado para presentar una demanda contra ella en el 2017.

Esto se debe a que existe un periodo de preaviso de un año antes de que se haga efectiva cualquier salida de este tratado. Después, sin embargo, su cláusula de extinción significa que los inversores todavía tienen otros 20 años para reclamar protecciones, y presentar casos, en virtud del mismo.

La amenaza que suponen estos plazos para la lucha contra el cambio climático es evidente. La ONU advirtió a principios de este año que nuestro mundo probablemente alcanzará el punto de calentamiento catastrófico en una década, a menos que se tomen medidas drásticas para reducir los combustibles fósiles.

Por sí sola, la salida del Tratado sobre la Carta de la Energía no es suficiente, debido a estas cláusulas de extinción, pero también porque este acuerdo representa sólo el 10% de los casos de empresas que demandan a gobiernos presentados hasta ahora ante el Banco Mundial.

La mayoría de los casos se han presentado en virtud de acuerdos conocidos como tratados bilaterales de inversión (TBI), que se firman entre dos Estados y garantizan a las empresas determinados derechos de inversión. O se han presentado en virtud de acuerdos regionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, México y Estados Unidos.

Desmantelar este extenso sistema es una tarea colosal. Pero, hasta que eso ocurra, es probable que la acción gubernamental en materia de cambio climático siga decepcionándonos.

Autores: Calor extraordinario, incendios forestales y sequías, pero también inundaciones repentinas y corrimientos de tierra son sólo algunos de los fenómenos meteorológicos extremos que han azotado Italia este año.

Foto: Wire

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